sábado, 11 de febrero de 2017

La CPE fue ‘parida muerta’

La actual Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 cumple 8 años de “vigencia” este 7 de febrero. Y el 21 del mismo mes, se cumple 1 año desde que la voluntad del pueblo derrotara la ambición masista de modificar el Art.168. Mucho se ha discutido en torno a la inconstitucionalidad de la reelección de Evo, pero nadie denunció un “detalle” que podría tener mayor impacto jurídico: la CPE fue “parida muerta”.
Rememorando brevemente. En 2006, el Gobierno promulgó la Ley 3364 Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, estableciendo con ella la situación jurídica de “constituyentes” (devenidos de elección), y a la reunión de éstos como “Asamblea Constituyente” (independiente de los poderes constituidos), con el expreso fin de reformar la Constitución. En virtud al Art. 232 de la CPE 1967 (c. reformas de 2005), que establecía: “La Reforma total de la CPE es potestad privativa de la Asamblea Constituyente (…)”.
Empero, tras modificar ilegalmente la Ley 3364 y después de haber hecho de la Asamblea Constituyente un “circo” itinerante que paseó por Sucre, Oruro, Cochabamba hasta llegar a La Paz, donde los congresistas de 2008 —sin atribución constitucional alguna y coaccionados por cercos masistas (incluyendo la ilegal “huelga de hambre” en 2009 de Evo Morales)—, llegaron a negociar la ilícita modificación de más de 100 artículos del texto original emanado de la Asamblea Constituyente. Y a “viabilizar” la convocatoria a referéndum constituyente como si hubieran poseído facultad de veto, que ni el Presidente poseía.
Al respecto de las reformas constitucionales cabe señalar que, la CPE de 1967 (c. reformas de 1994), en su Art. 230 núm. 1, permitía “reformas parciales”. Y esto de que la Constitución —solo— podía ser “parcialmente reformada” (parcialidad cualitativa, mas no cuantitativa), fue concebido así porque los legisladores constitucionales republicanos entendieron que el —único— suceso originario/fundacional se produjo en 1826. Ya que la “persona jurídica” denominada Bolivia existió desde 1826, razón por la cual, las venideras, solo podrían concebirse como reformas parciales (más de quince). De ahí el uso de la palabra RE-forma: “volver a dar forma a la misma sustancia preexistente”. Sin embargo, por ineptitud jurídica y oportunismo político, las reformas de 2004 de Carlos Mesa introdujeron en la CPE la “reforma total” erróneamente.
Volviendo al asunto que nos convoca, el Poder Constituido fue el que en 2008 terminó “constituyendo” —ilícitamente— al Estado Plurinacional. Y la Asamblea Constituyente de 2006, al haber resultado de una Ley republicana (ordenamiento jurídico preexistente), poseía una naturaleza derivada y jamás fue “originaria” (o devenida de la “nada normativa”). Y como advertimos, además, la misma fue usurpada en sus funciones, haciendo nulos los actos hasta la “aprobación” del texto. No cabiendo posibilidad jurídica alguna de que se infiera que el mandante del poder constituyente (derivativo) de 2006, “legitimó” (luego) la usurpación hecha por los congresistas, mediante el referéndum constitucional de 2009, ¡porque lo hecho fue ilícito!
Por tanto, bajo los citados antecedentes, se podría denunciar la nulidad absoluta de la CPE de 2009, por haber sido hecha —en todo o en parte— por personas naturales y órganos colegiados (Cámara de Diputados, Cámara de Senadores/Congreso Nacional) carentes de atribución e investidura de legisladores constitucionales; ergo ¡carentes de competencia ratione materiae! Y finalmente, dicha nulidad también abarcaría a lo posterior, incluyendo el actual periodo de mandato presidencial y todos los actos y negocios jurídicos (promulgación de leyes, acuerdos, contratos internacionales, etc.) que habría efectuado un Presidente “de facto”. Generando una grosera inseguridad jurídica y configurándole a Evo Morales y a otros una serie de ilícitos.

Publicado en La Razón

viernes, 20 de enero de 2017

Evo ¡cumpla su mandato!


En estos días el Procurador del Estado, Héctor Arce, viene insistiendo con la fabulación de que Evo Morales quedaría habilitado para el 2019 “si renuncia, acortando el periodo de mandato” (Página Siete, 08.01.17). Para empezar, debemos recordarle a Arce que al ser abogado del Estado, su deber más importante es defender los intereses de éste, no antojos particulares. Evo “no es el Estado”. Ahora bien, concibiendo al mandātum (lat.) “como precepto u orden”, le exigimos al Procurador Arce saber distinguir la institución jurídica denominada “mandato (presidencial)” de lo que viene a ser una de sus características, “periodo” (o duración de aquél). Para que pueda descubrir que el mandato, por definición, es un contrato por el cual una persona denominada mandatario (Evo hace más de 10 años) SE OBLIGA “a realizar uno o más actos jurídicos (gestión de Gobierno) por cuenta del mandante (el pueblo)”. Mandato legal que, como institución jurídica en nuestro sistema, yace legislado en el Código Civil como espécimen dentro de la Teoría General de los Contratos, que suponemos Arce alguna vez ha “hojeado”.

Consecuentemente, el mandato (presidencial) -expreso/oneroso/general- y perfeccionado o aceptado por Evo, la última vez, el 22 de enero de 2015, como efecto de haberse investido de la calidad de Presidente, le ha generado la OBLIGACIÓN de “cumplir el mandato mientras corre a su cargo; y en caso contrario, resarcir el daño (al pueblo)”. En este caso, CUMPLIR con el periodo de mandato (presidencial) de 5 años y la posibilidad de reelección por solo una vez de manera continua (agotada en su caso) que le impone el Art.168 de la CPE.

Asimismo, debemos apuntar que el acto de renuncia legislado por el “constituyente” de 2006-08 en el Art.170 de la actual CPE, como causal de cesación del mandato de Presidente, no opera por el solo hecho de haber sido leída la renuncia en sesión de Asamblea. Ya que la misma tras haber sido presentada necesariamente deberá ser verificada, sumaria y congresalmente para ser admitida o negada, en función a la causa -lícita y moral- que la originó. Y por imperio del orden público constitucional, un Presidente del Estado, NO puede presentar una renuncia ex profeso para defraudar la Constitución (o no cumplirla) con respecto al periodo de mandato presidencial, o creyendo poder modificarlo -de hecho-.

Por otra parte, la aberrada fabulación de “renuncia” de Evo que maneja Arce, convertiría su presente mandato en uno de facto. Ergo, jurídicamente “inexistente” y con ello viciaría de nulidad todos los actos y negocios jurídicos (promulgación de leyes, acuerdos, contratos internacionales, etc.) que efectuó, diríase, como un “no-Presidente”, generando una grosera inseguridad jurídica y configurándole a Morales una serie de ilícitos.

En adición, si nos remitimos al tenor literal del texto del Art. 170 de la CPE que utilizarían para presentar la renuncia de Evo, el mismo expresamente dispone: “El Presidente del Estado cesará en su MANDATO (…) por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional;” Ergo, el efecto de cesación, justamente lo computa como mandato hasta el momento de ser efectiva la renuncia, independientemente de que el periodo haya quedado trunco antes de los 5 años como pretenden en su mamarracha idea.

Por tanto. En primer lugar, le exigimos al servidor público, Arce, cumplir con sus deberes, defendiendo los intereses del Estado. En este caso, evitando que el periodo del mandato presidencial de 5 años sea burlado por el servidor público Evo Morales para repostular -con engaños- “ilimitadamente”. ¡La presidencia NO es vitalicia!

Finalmente, en calidad de ciudadanos-mandantes: ¡Le exigimos a nuestro mandatario Evo Morales cumplimiento! Es decir, ¡NO abandonar el cargo (Art.156, Cód. Penal) por causa ilícita ajena al interés público, dejando trunco el periodo de mandato de 5 años que “hemos suscrito recíprocamente”, bajo cargo de asumir responsabilidades (penales, civiles entre otras), de hacerlo!

Publicado en Eju.tv

sábado, 7 de enero de 2017

El poder reformador es limitado


El procurador general del Estado, Héctor Arce, en su artículo "El poder reformador de la Constitución boliviana” (Página Siete) afirma que la CPE "no impone condiciones o límites respecto a la cantidad de veces que puedan aplicarse los mecanismos de reforma existentes”. Es decir, intentando extender la permanencia de los "inquilinos” en el poder (incluido él), concluye que el poder reformador es "ilimitado”. Algo a lo que los académicos diagnosticarían como una "patología del proceso de reforma”.

Arce desconoce elementales preceptos, tales como: 1) la titularidad del poder reformador y, sobre todo 2) el ejercicio de éste. Con respecto a lo primero, en virtud al principio de soberanía popular, la titularidad de las reformas (totales o parciales) recae en el pueblo. No así en minorías militantes que actúan bajo coacción o prebendalismo. 

Por otra parte, con respecto al ejercicio de dicho poder reformador, éste "no puede desposeerse de la propia observancia de la regla democrática”. Algo que Arce también ignora y que se explica en la cualidad combinada de los límites que lo mensuran son: a) el formal y b) el material. El límite formal refiere al ámbito procedimental, que en el caso boliviano es regulado por el Art.411.II de la CPE, el Código Procesal Constitucional y la Ley 026. Arce sólo menciona este límite y lo hace erróneamente, creyendo que se resume a establecer "prohibiciones expresas”. 

Sin embargo, en la fabulación reformadora de Arce no está contemplado el límite material que complementa al primero. Que -a decir del profesor G. Ferreyra- "(…) hace que la constitucionalización de la democracia como regla de Gobierno signifique que se ha cerrado la puerta para que la democracia acabe con sí misma, por más que se cuente con el grado de consenso social que se cuente”. 

En ese entendido, el límite material le confiere "vigencia” (más no perpetuidad) a la decisión del pueblo en ejercicio del poder de reforma, como el 21F, para evitar que dicha decisión popular sea molestada dentro de un lapso de tiempo. Es decir, que esta decisión popular, durante su vigencia, está investida del principio de autoridad para que no termine fagocitándose (a sí misma) en "ilimitados” intentos (que configurarían daño económico al Estado) hasta conseguir un resultado. Porque, en adición, dicha vigencia como expresión del límite material conexamente garantiza los principios de estabilidad institucional y de continuidad jurídica del sistema. 

En el caso del 21F, la decisión popular que rechazó modificar el Art. 168 ¡potenció la continuidad jurídica de su contenido que es el de LIMITAR la reelección presidencial a sólo una vez de manera continua (agotada en el caso Morales-García)! La característica más importante de este límite material es que está desarrollado -implícitamente- en varios artículos del texto constitucional, por lo que invito al Procurador a encontrarlos. 

A diferencia del límite formal, no requiere traducirse en "prohibición expresa” alguna, menos para quienes concebimos sistemáticamente el Urs-prungs-norms  (la más alta o primera  norma  de nuestro sistema jurídico).    

Por tanto, la fabulación del procurador Arce sobre que el poder reformador parcial de la Constitución "no concibe límites inherentes a la cantidad de veces para su aplicación, dentro de un mismo mandato” queda comprobadamente superada, ya que el poder reformador del pueblo al crear el derecho constitucional "organiza al Estado, pero una vez creado, éste es el único que puede disciplinarlo”. (G. Ferreyra). Es decir, NO actúa "como quiera”, sino ordenado o limitado formal y materialmente, según explicamos, pues la razón de ser de la vigencia en el tiempo de la decisión popular -en ejercicio del poder de reforma (como la del 21F)- hasta que nuevamente sea requerida por causa de interés y necesidad públicas/lícitas demostrables es la conservación misma del Estado, a través de su estabilidad institucional y la continuidad jurídica de sus preceptos constitucionales.

Publicado en Página Siete

martes, 27 de diciembre de 2016

No quiero un ‘Evo I de Orinoca’

Quiénes aprobaron la nueva e ilegal “repostulación” de Evo Morales en el noveno congreso del MAS? Una minoría dentro del consenso popular: la Comisión Política del MAS, que no representa al Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) por la fractura interna resultante de los escándalos de corruptela (v.gr. Fondioc), ambiciones “monárquicas” del binomio Morales-García, sus roscas ministeriales y la imposición de su “familiocracia”. Minoría que se fundamenta e instiga a la ilegalidad expresada en la reciente frase de Evo: “Si nos sometemos a la ley, no hacemos nada”. Con lo que estaría confesando incumplimiento de deberes, incitando a delinquir e incluso “justificando” a que alguien desconozca su autoridad o cometa sedición a su gobierno.
Ahora bien, respecto a las “fórmulas” repostulatorias con las que pretenden vulnerar el sistema jurídico, entre las menos aberrantes barajan: 1) La renuncia de Evo seis meses antes de que concluya su mandato, creyendo que así podrán no computar la actual gestión como tal. Ante esto deberían saber que para el Diccionario de la Lengua Española, periodo es: “El tiempo que algo tarda en volver al estado o posición que tenía al principio” (2001, T. II, pág. 1733). En este caso, periodo es el tiempo que se tarda en volver a realizar los actos jurídicos denominados “elección, posesión y asunción de los cargos” de presidente y vicepresidente. La CPE de 2009 establece como que la duración del periodo de ejercicio de las funciones de presidente y vicepresidente “debe ser” de cinco años. Bajo tales hechos, resulta intrascendente jurídicamente el hecho de que el periodo de ejercicio de las funciones de presidente y/o vicepresidente hubiera sido completado o hubiese quedado trunco, por voluntad de quien fuere. Porque un periodo de ejercicio de las funciones de presidente y vicepresidente no deja de ser periodo o “mandato” porque dure 10 minutos o cuatro años y 364 días, o sea, igualmente es computable.
2) Con respecto a la intención de reformar parcialmente la CPE a través de iniciativa legislativa ciudadana confunden este instituto con el de la iniciativa popular, que requiere la firma de al menos el 20% del electorado para dar inicio a la reforma parcial de la Constitución (Art. 411.II, CPE). Por otro lado, a la fecha no existe una ley de iniciativa legislativa ciudadana que regule los procedimientos y requisitos. Y si la hubiera, por principio constitucional, esta ley marco debe restringir o reservar expresamente, en razón de competencia, materias tales como la reforma constitucional (prevista para dos casos en el Art. 411.II, CPE) y el Presupuesto General del Estado (que es atribución presidencial, Art. 172.11, CPE), entre otras.
Finalmente, además de otras posibilidades a las que desmoroné hace un tiempo (ver Reforma constitucional y La reforma de la CPE regirá para lo venidero, La Razón, 2015), un aspecto primordial inadvertido aún nos remite a la Asamblea Constituyente (derivativa más no “originaria”, por cierto). Que de haber manejado la figura de la “reelección indefinida”, pasando por la “reelección consecutiva por voluntad del pueblo”, terminó (congresistas de 2008 de por medio) legislando la “reelección por solo una vez de manera continua”. Tal cual yace hoy en el Art.168, y en concordancia con la Disposición Transitoria 1ra.II del mismo texto constitucional a efectos del cómputo. Ergo, dicha limitación, en cuanto a la reelección presidencial se refiere, es de orden fundacional del Estado Plurinacional de Bolivia, y, por su naturaleza, no solo debería ser tratada en otra Asamblea Constituyente, sino que, por imperio de la misma CPE, solo puede “interpretarse”, preferentemente, de acuerdo con esa voluntad del constituyente (Art. 196.II, CPE) refrendada por el pueblo en 2009, mientras no se modifique; ello ¡pese a esa jadeante minoría coaccionada por proclamar a “Evo I de Orinoca”!
Publicado en La Razón

lunes, 19 de diciembre de 2016

La “renuncia” de Evo, FRAUDE constitucional

Para empezar, la Constitución NO prevé la figura del “reemplazo” del Vicepresidente en caso de “renuncia” del Presidente. Según el tenor literal del texto, el Art.169 dispone: “I. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente (…)”. Expresamente, este Art., habilita el “reemplazo” del Vice sólo por “impedimento o ausencia definitiva”, que son causas de cesación del mandato de un total de 5, distintas, contempladas en el Art.170 que establece que:

“La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato 1) por muerte; 2) POR RENUNCIA presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; 3) por ausencia o impedimento definitivo; 4) por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; 5) y por revocatoria del mandato.” (Numeración añadida

Por tanto, NO existe situación jurídica presupuesto para que García Linera suceda en caso de “renuncia” de Evo. Ya que la ausencia o impedimento, son cesaciones del cargo distintas de la de “renuncia”, como se advirtió. Necesariamente, el Art.169.I debió contemplar que se habilita el reemplazo para las otras 4 formas de cesación del cargo.

Por otra parte, siguiendo en la misma opción de “renuncia” de Evo que implica FRAUDE, el Art.172 de la CPE en ninguna de sus 27 atribuciones, contempla la “renuncia” del Presidente del Estado. Máxime, si desde ahora se confiesa que es para -mañuda e ilegalmente- intentar que “no se compute” el presente periodo de mandato! En otras palabras, Evo NO puede dejar trunco el periodo de mandato (INCUMPLIR DEBERES) para el que fue electo el 2014, exprofesamente, para cometer FRAUDE constitucional (causa/motivo ILÍCITOS) respecto al cómputo del periodo, reitero.

En adición, si Evo afirma que está “obligado” a ir por otra reelección, consecuentemente estaría “obligado a renunciar”. Entonces, si renuncia como efecto de la imposición individual y/o colectiva “ajena a su voluntad”, sería evidente y científicamente una concausa de NULIDAD absoluta e insubsanable del “supuesto acto de renuncia”. Por lo que la misma no tendría efecto jurídico alguno, ni para que el Vicepresidente reemplace al Presidente, ni para que no-se compute el presente periodo de mandato para habilitar a Evo a una nueva repostulación!

Finalmente. Si los pluritas insisten y llevan a cabo la renuncia de Evo para cometer FRAUDE constitucional, no-computando el presente periodo de mandato presidencial, es decir dándolo como “inexistente”, con ello VICIARÁN DE NULIDAD todos los actos y negocios jurídicos (promulgación de leyes, acuerdos, contratos internacionales, etc.) que efectuó el Presidente -entonces de facto-, desde que asumió el 22 de enero de 2015 hasta el día en el que FRAUDULENTAMENTE renuncie. Generando una grosera inseguridad jurídica y configurándole a Morales una serie de ilícitos!!!

Publicado en Eju.tv

sábado, 10 de diciembre de 2016

Privarnos del agua, un crimen de lesa humanidad


Hecho público el desabastecimiento de agua, la negligente administración pública plurinacional:
 
1) destituyó o, en realidad, "recicló” a sus "compadres” de las entidades de prestación y regulación sectorial en tema agua; 2) nos dejó a la suerte de que llueva (o no), "danza” de por medio; 3) y tan sólo prometió obras tardías ("a mediano y largo plazo”) que no  garantizan el inmediato y necesario aprovisionamiento del recurso hídrico, que es indispensable para la vida.

 En otras palabras, una gran mayoría de bolivianos estamos sobreviviendo a una crisis vital, efecto de una negligente administración pública, regida por el transeúnte oficialismo del MAS, que en una década permitió -por acción u omisión- que Bolivia se "seque”. Y se preocupó por garantizar "el derecho de aprovechamiento de aguas” (artículo 111, Ley 535) de las empresas mineras, y en grandes volúmenes para sus operaciones, ¡antes que para la población!

 El masismo en función (o "inquilinato”) de Gobierno, cómodamente, bajo un fofo discurso ONGeríl (que tanto critica), intenta transferir su responsabilidad al "cambio climático” o a las "(des)variaciones hormonales” de la Pachamama ("otra clase está” Vice dixit). Fenómeno que no sería del todo "extraño”, sabiendo que en estos últimos 10 años la vienen prostituyendo a sus saqueadores transnacionales (mineras, etcétera). De hecho, sería algo así como la reacción que causa el consumo de la pastilla del día después en el organismo de una mujer, tras sistemáticas violaciones. "Pastilla” dotada, en la presente analogía, por el "cafisho” Gobierno.

 Pero el pueblo boliviano y el concierto internacional son testigos de que este Gobierno, bajo el espejismo de una "bonanza económica”, nos condujo a la presente crisis vital, porque: derrocha el millonario presupuesto en obras faraónicas para la administración pública en canchas de césped sintético en medio de "oasis” y adjudicadas a la misma constructora, en aeródromos "internacionales” (mal hechos), cuyos poblados son de baja densidad, en programas o fondos como  Bolivia Cambia, Evo Cumple  o Fondioc, para que sus huestes hurten y/o malversen, entre otros. Y no en obras primarias, integrales y sostenibles, de servicios básicos; o en todo caso, no en la magnitud que hubiese evitado la presente crisis vital.

 Ahora bien. Tomando en cuenta que el agua es un derecho humano reconocido mediante la Resolución 64/292 de la ONU y, a su vez, un derecho fundamentalísimo para la vida, según la Constitución boliviana de 2009. El crimen de lesa humanidad (artículo 7, Estatuto de Roma), como "acto parte de un ataque generalizado o sistemático” mediante el cual se "exterminare” (por inanición, deshidratación, etcétera) a la población civil dentro del territorio boliviano, en el presente caso, se configuraría como efecto: 1) del desabastecimiento devenido de "grave culpa” por parte de la administración pública y sus máximas autoridades ejecutivas que en una década no quisieron prevenir y evitar la presente crisis vital; lo que comportaría "dolo”, a efectos de adecuar la conducta al tipo referido, e incluso en concurso con asociación delictuosa y otros. 

 2) Asimismo, se configuraría, por el hecho de proveerse agua, ya sea por cañería y/o cisternas de forma racionada bajo cronogramas (incumplidos y mal informados, por cierto), en nociva o tóxica calidad para la vida e integridad física del consumidor, por la ausencia de controles de la improvisada actuación de la administración pública.

Y, finalmente, se debe señalar que, como efecto de la presente crisis vital, es altamente posible, que cierta porción de la población -hoy afectada- se vea forzada a trasladarse (migrar) de su hábitat hacia otros lugares, bajo el temor de que si permanece podría volver la carestía del recurso hídrico por la ausencia de condiciones en el corto y mediano plazo (según anunció la administración pública). 

Y si la presente inferencia les parece "una exageración”, ¡la podemos discutir en la Corte Penal Internacional!

Publicado en Página Siete

jueves, 10 de noviembre de 2016

Vice del Estado y presidencia de la ALP

En respuesta a la afirmación de Evo Morales respecto a que “la independencia de los Órganos del Estado sería una demanda de la derecha”, en el artículo La ‘derecha’ y la independencia de poderes (Pg. 7, 23 de octubre de 2016), Carlos Mesa esgrime extraviadas afirmaciones en torno a la independencia de poderes similares a las del propio Mandatario.
Cuando Mesa afirma que “nuestra CPE se equivoca al darle al Vicepresidente una presencia simultánea en el Legislativo y el Ejecutivo, rompiendo de facto la premisa de su propio texto en el citado artículo 12”, se olvida que la Carta Magna de 1967 (la misma de 1995 pero con reformas) vigente cuando asumió como vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada (y ante la que juró al tomar posesión del cargo), en su artículo 94 disponía que: “Mientras el Vicepresidente no ejerza el Poder Ejecutivo, desempeñará el cargo de Presidente del Senado (…)”; y en su artículo 53, que: “El Vicepresidente de la República goza en su carácter de Presidente Nato del Congreso Nacional y del Senado, de las mismas inmunidades y prerrogativas acordadas a senadores y diputados” (sic). Es decir que Mesa, con el ejercicio de su vicepresidencia siendo parte del Ejecutivo y al mismo tiempo en su calidad de presidente del Congreso Nacional también habría “roto de facto la independencia de poderes”, según su equívoca idea.
Asimismo Mesa es incapaz de distinguir dos figuras jurídicas absolutamente distintas como son la Vicepresidencia del Estado y la Presidencia de la Asamblea Legislativa. En atención estricta, el vocablo “vice-presidente” está inexorablemente refiriendo a que quien ocupe esta “situación” jurídica será el mismo que sustituya/supla temporalmente a la máxima autoridad ejecutiva del Órgano Ejecutivo (MAE) o presidente del Estado (Art. 169.II, CPE), aplicando la sencilla relación titular-suplente.
En cambio, el Vicepresidente en situación jurídica de Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional no es sino y únicamente la MAE del Órgano Legislativo. Por tanto, son dos órganos y situaciones totalmente disímiles, diferenciadas también en el Reglamento General de la Cámara de Diputados, que es el que “regula la organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional” (Art. 158. II, CPE). Y en ningún caso la funcionalidad dual de Vicepresidente del Estado (Arts. 169 y 174, CPE) y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Art. 153.I, CPE) rompe la independencia de poderes. Además, dentro de las atribuciones del Vicepresidente está la de “Coordinar las relaciones entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional” (174.2, CPE).
Finalmente cabe señalar que en los cuerpos constitucionales, tanto en el de 1967 (con reformas) como en el de 2009, no se contempló la situación jurídica para que el Vicepresidente del Estado se ausentara simultáneamente cuando el Presidente ya se encontraba fuera del país; situación que ha ocurrido, inconstitucionalmente, muchas veces en esta década de masismo. Haciendo que la Presidencia a.i. o en ejercicio del Estado recayera en los diferentes presidentes que tuvo la Cámara de Senadores (Santos Ramírez, Gabriela Montaño, Eugenio Rojas y José Alberto Gonzales); reuniendo ilegalmente los órganos Ejecutivo y Legislativo en una sola persona (Art. 12. III, CPE), configurando usurpación de funciones y, por ende, viciando de nulidad sus actos (Art. 122, CPE).
Porque, sencillamente, el cargo público de Vicepresidente del Estado tiene como su tarea más importante suplir al Presidente del Estado (en su eventual ausencia, temporal o definitiva). No pudiendo ausentarse simultáneamente cuando el Presidente ya lo había hecho, máxime para recibir doctorados honoris causa u ofrecer conferencias en universidades del exterior, entre otras actividades de carácter personal.
Publicado en La Razón