martes, 2 de enero de 2018

EL CSP INSTITUYE LA PENA DE INFAMIA


Después de haber advertido en una publicación anterior (Mala praxis política y legal) algunos de los graves defectos doctrinales, de técnica-procedimiento legislativo y de regularidad constitucional, que padece el novísimo Código del Sistema Penal “Morales” (CSP), ahora nos toca diseccionar una de sus sanciones, como es la “inhabilitación.” Que fue conservada, en parte, del Código Penal de 1972, empero con manifiestas incongruencias.
El inconstitucional Art. 205. II del CSP, p. ej., sanciona la conducta típica con prisión, reparación económica e inhabilitación del ejercicio de la profesión, oficio o actividad. 

Al respecto, si bien de acuerdo con la clasificación de sanciones de “No-hacer” previstas en el CSP, las infracciones culposas, como las contempladas en el Art. 205, deben castigarse con inhabilitación de entre “seis meses a dos años” (Art. 39.II.3 del CSP), cabe cuestionar: ¿Cómo, quien habiendo sido condenado con pena de prisión, de reparación económica y de inhabilitación, podría reparar económicamente estando impedido de ejercer su profesión, oficio u actividad que le permiten sobrevivir y generar recursos para tal fin resarcitorio (de naturaleza civil mas no penal por cierto)? 
Es decir, que la sanción de inhabilitación estorbará la reparación económica y, en consecuencia, el condenado que no tuviere los recursos, terminará cumpliendo la sanción de prisión por ser “pobre” mas no por “negligente”. Esto, en detrimento del Estado y de la víctima, quienes tienen la expectativa de la ejecución completa de la condena.  
Peor aún, analizada detenidamente la sanción de inhabilitación, tenemos que la misma considera al condenado “incompetente” para ejercer su profesión, oficio o actividad hasta que éste sea “rehabilitado” (“dando muestra fehaciente de  haber superado la incompetencia”, Art. 39.IV). 
Ergo, es una sanción infamante, porque el tiempo que dura la “inhabilitación” implica también la pérdida de la reputación, prestigio o el descrédito del condenado señalado “incompetente” para ejercer su profesión u oficio que tantos años le costó construir en la sociedad. Grave e irreparable daño que realizará el Estado (en ejecución de su CSP) al trabajador, violando sus derechos personalísimos (imagen, buen nombre, reputación, prestigio, etcétera) y atropellando también al principio de proporcionalidad, que debe guiar la aplicación de la sanción penal, así como al derecho a la reinserción social que tiene todo condenado.
Además, si al condenado se lo privará del ejercicio de una profesión, oficio o actividad que hace a su condición misma de sujeto social, cabe preguntarse, ¿cómo, supuestamente, la inhabilitación especial del CSP no vulnerará el Art. 74.II de la Constitución Política del Estado (CPE) que dispone expresamente que “las personas privadas de libertad TENDRÁN LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR y estudiar en los centros penitenciarios”?
Queda claro que la premisa del Art. 74.II CPE le prohíbe al legislador común instituir la sanción de inhabilitación (especial) que estableció inconstitucionalmente en los Arts. 39 y 205 del CSP.
También, resulta evidente que si los legisladores masistas hubieran sido diligentes para crear su CSP, debieron haber cotejado su obra con el  Art. 118.III  CPE para descubrir que nuestro sistema sólo les autorizaba legislar sanciones, en materia penal, privativas de libertad y medidas de seguridad, pero de ningún modo “otras sanciones”, como la de “inhabilitación” del ejercicio de profesión, oficio o actividad, según hicieron inconstitucionalmente. Es indiscutible que lo que no fue autorizado por la CPE, definitivamente no existe y no puede ser legislado con el CSP.
Finalmente, está demostrado que los Arts. 39 y 205 del CSP son inconstitucionales porque, en franca violación de los Arts. 74 y 118 CPE, reinstituyeron la proscrita pena de infamia y crearon una sanción jurídicamente imposible para nuestro sistema, como es la “inhabilitación (especial)” para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad.

Publicado en Página Siete


domingo, 24 de diciembre de 2017

MALA PRAXIS POLÍTICA Y LEGAL


La escalada en el conflicto médico que el negligente gobierno de Evo ha permitido, se configura como un caso paradigmático de “mala praxis” a la luz del polémico artículo 205 del Código del Sistema Penal (CSP) y con serias implicancias en la salud e integridad de la población boliviana, que quedó privada de atención médica y hasta de acceso a medicamentos durante días. De hecho, de acuerdo al Artículo 9, numeral 5 de la Constitución Política del Estado (CPE), Evo Morales al ser presidente del Estado, ¡es el primer servidor público que se encuentra en posición de garante respecto a la salud de toda la población boliviana! 

Ahora bien. Ya entrados en materia, debemos señalar que el artículo 205 del recientemente promulgado CSP no es un tipo penal especial propio culposo para el ejercicio de la práctica médica, como ordena el artículo 39.II de la Constitución. Por ejemplo, si un chef que preparase un plato a base de carne del famoso pez globo Fugu (tan exquisito como venenoso) sin el cuidado de seguir los protocolos culinarios para quitar sus letales toxinas, antes de emplatarlo para consumo del comensal, podría ser responsabilizado penalmente. Ya que el precitado artículo 205, ni por su nomen iuris, ni por sus conditio sine qua non es un tipo penal especial propio culposo creado exclusivamente para el médico, pues abarca a toda persona que en ejercicio de su profesión, oficio o actividad, por negligencia ocasionare lesiones o la muerte a otra persona, como el ejemplo que usamos. 

Razón de su inconstitucionalidad respecto al artículo 39.II de la CPE, que expresamente ordena: “La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica”. Lo que hace necesaria su derogación del CSP.

Por otra parte, tenemos que los negligentes legisladores masistas no dispusieron expresamente que el -aún vigente- Código Penal de 1972, por el principio de ultractividad, siga aplicándose para los procesos iniciados durante su vigencia y bajo su tipicidad. El CSP no debió haber dispuesto que “la cesación de la persecución penal no aplica a aquellas conductas subsistentes que hayan sido ‘subsumidas’ en otras infracciones penales del presente código”. Ya que por el principio de legalidad (ley cierta, previa, escrita, estricta) no cabe posibilidad legal alguna de “subsumir” determinada conducta típica penal en una nueva legislación con otra tipicidad. 

El tipo penal por el que se sindicare a alguien tiene que ser preexistente al acto. Por ejemplo, en el caso de que un médico hubiera incurrido en presunta negligencia médica y hubiera sido procesado por homicidio culposo o lesiones gravísimas, tipificadas en el Código Penal de 1972 mientras estuvo vigente, no podría seguir siendo procesado bajo la nueva tipicidad del Artículo 205 del CSP. Se le debería aplicar ultractivamente tanto el Código sustantivo como el adjetivo vigentes cuando actuó o, definitivamente, beneficiarlo con el cese de la persecución penal. En ningún caso se deberá aplicar la ilegal “subsunción” de su conducta típica ya perseguida a otra nueva tipicidad.  La ley tiene efecto para lo venidero, ergo, no es retroactiva, como dispusieron inconstitucionalmente los aviesos masistas en la Disposición Transitoria Segunda de su CSP. 

Finalmente, debemos advertirles que a la luz del procedimiento legislativo, el CSP “nació viciado de nulidad a la vida jurídica”. El CSP fue sancionado por el presidente del Senado, J.A. Gonzales, que en aquél momento se encontraba “en ejercicio” de la Presidencia nata de la ALP, porque Álvaro García Linera (que lo promulgó) fungía como Presidente “en ejercicio” del Estado, en ausencia de Morales, que se encontraba de viaje explicando, sin éxito, que “no es un dictadorzuelo”. En esa secuencia, el Senado (incumpliendo su deber de “revisor”, pues lo trató “en tiempo récord”), presidido por Gonzales, sancionó el CSP cuando estaba impedido temporalmente de hacerlo. Gonzales no podía ejercer simultáneamente las calidades de presidente del Senado, vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional a.i.

Publicado en Página Siete

martes, 19 de diciembre de 2017

ARTÍCULO 205: FRACASO LEGISLATIVO PENAL



Por Américo Salgueiro Casso, abogado procesalista
(Autor invitado)

El Código penal vigente (Cp) describe con simpleza y suficiencia las conductas “culposas” realizables por el médico en su práctica bajo los tipos penales (tipos) de Homicidio Culposo (Artículo -Art.- 260 Cp) o Lesiones Culposas (Art. 274 Cp), mismos que son equivalentes de los inherentes a las más avanzadas regulaciones contemporáneas. 

En supuesto cambio, el “Código del Sistema Penal Boliviano” (CSPB) recientemente sancionado, conservó tanto al tipo de Homicidio Culposo (Art. 136 CSPB) como al de Lesiones Culposas pero multiplicado bajo los nombres de Lesiones Gravísimas y Graves Culposas (Art. 155 CSPB) y Lesiones Leves Culposas (Art. 156 CSPB), agravando las  sanciones bajo la simbólica y errada creencia de que, empeorándolas, disminuiría la criminalidad de una sociedad anómica en franco desgobierno.

También el CSPB, añadió en ambos casos el pleonasmo carente de utilidad técnica denominado “culpa temeraria” puesto que, a la luz de la ciencia penal contemporánea, “culpa” es sinónimo de “imprudencia” y resulta que el rimbombante adjetivo “temerario” significa “imprudente”. Ergo, el más novedoso aporte realizado por la Comisión Redactora (CR) del CSPB y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), no es más que una infecunda redundancia que instituye la sui generis “culpa culposa”.

Para fingirse innovadoras, tanto la CR como la ALP intentaron crear el tipo “especial” propio para el médico (y personal de salud) denominado “Daño a la Salud o Integridad Física por Mala Práctica” (Art. 205 CSPB), pero fracasaron, puesto que el texto del parágrafo (par.) I del Art. 205 CSPB prueba que, a lo mucho, dicho tipo contempla “especialmente” a toda persona que ejerce profesión, oficio o actividad para ganarse la vida, pero no exclusivamente al médico. Es decir, contempla a casi todas las personas que trabajan en la sociedad boliviana. Al respecto, citando algunas actividades profesionales u oficios que pueden devenir en daño (lesión o muerte) de cualquier persona, tenemos la conducción de vehículos automotores (chofer), la inherente al trabajo de policía o la que desarrolla el constructor. Queda claro que la CR y la ALP no excluyeron del Art. 205 CSPB a los profesionales con cuyas federaciones pactaron.

Cabe también afirmar que el hecho de que CR y ALP le hubieran adicionado al nombre del Art. 205 CSPB las palabras “por mala práctica” para salvar el apuro, no modificó la verdad científica de que el mencionado no es un tipo especial propio culposo para el médico sino, contrariamente, uno tan general que contempla a toda persona que ejerce profesión, oficio o actividad quien, por imprudencia, puede “mal practicarla” dañando; máxime, sabiendo que las palabras del nombre no son requisitos del tipo ni cumplen función descriptiva de la situación jurídica presupuesto.

Peor aún, con la creativa adición, para el caso concreto pusieron a concursar el tipo general culposo de “Daño a la Salud o Integridad Física por Mala Práctica” (Art. 205 CSPB) con los tipos también generales y culposos de los Arts. 136, 155 y 156 CSPB, empeorando para el médico (rectius, para todas las personas que ejercen profesión, oficio o actividad en Bolivia) la condena por daño “culposo” ya que el “Concurso Ideal” dispuesto en el Art. 48 CSPB establece que “La persona que con una sola acción u omisión incurra en dos (2) o más infracciones penales previstas en este Código (…), será sancionada con la escala penal (…) correspondiente a la infracción más grave” (sic).

Por ello, advertida de la inevitable concurrencia de tipos, para salvar nuevamente el pernicioso efecto del innecesario Art. 205 CSPB, bajo altisonante discurso “nacionalista”, CR y ALP importaron de la legislación italiana el concepto extraño al Derecho boliviano de “Concurso Aparente” (CA) (Art. 50 CSPB) (Mantovani, F.; 2007); olvidando considerar que los tipos de los Arts. 136, 155, 156 y 205 CSPB son todos generales, contenidos en una misma norma de carácter general (CSPB) y que, puestos en “CA” (de normas), sólo excluirían a la fabulosa persona capaz de subsistir en sociedad sin ganarse el sustento con la práctica de profesión, oficio o actividad económica y a quien, como efecto del forastero “CA”, le serían aplicables los Arts. 136, 155 y 156 CSPB pero no el 205 CSPB.

En conclusión, el examen del Art. 205 versus el CSPB al cual pertenece, prueba que es innecesario porque sólo multiplica los tipos de los Arts. 136, 155 y 156 CSPB para lisonjear los hipertrofiados egos de sus traviesos creadores; violando el derecho a la seguridad jurídica de quienes ejercen profesión, oficio o actividad lícita y productiva en el país (par. I del Art. 178 de la CPE).

miércoles, 13 de diciembre de 2017

PRIMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN


La Constitución boliviana de 2009 establece dos criterios de interpretación normativa, según los “bauticé”, uno general y preferente, y el otro excepcional e integrativo. La regla de interpretación general y preferente yace en el Art.196.II de la CPE y ordena “aplicar con preferencia la voluntad del constituyente”, así “como el tenor literal del texto.” 

Por elemental lógica jurídica, sólo si la precitada regla general y preferente no bastara para que los magistrados del Constitucional efectúen la interpretación normativa requerida, recién, se habilita a recurrir al segundo criterio de interpretación, que es el excepcional e integrativo. Mismo que yace en el Art.13.IV de la CPE, estableciendo que los derechos y deberes se “interpretarán de conformidad” con los tratados en materia de derechos humanos. Y en el Art.256, disponiendo que “los tratados en materia de derechos humanos que declaren derechos más favorables se aplicarán con preferencia a la Constitución.” 
Llegados a este punto, debemos precisar que este criterio de interpretación excepcional e integrativo tiene una condición que lo habilita. Y es que procede únicamente si la “favorabilidad” de un derecho legislado en nuestra CPE, respecto a otro tal y como está instituido en el  Instrumento Internacional, es manifiesta. P.ej., procedería en el caso de que una Constitución dispusiera que “toda persona tiene derecho a la vida” y tal derecho requiriera ser “ampliado” con respecto al Art. 4.I de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que establece que “el derecho a la vida, en general, está protegido a partir del momento de la concepción”. 
Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, tendríamos que al no haber sido “suficiente” la interpretación general/preferente y en aplicación de la interpretación excepcional e integrativa del Instrumento Internacional, a la redacción original del Art. de la Constitución que consagra el que “toda persona tiene derecho a la vida”, se le integraría la frase: “ (‘) este derecho está protegido a partir del momento de la concepción”, contenido en la CADH. Por lo que, según se evidencia, no se dejó “sin efecto” el Art. constitucional y menos se subvirtió la primacía constitucional que lo rige. 

Ahora bien, en lo que respecta al principio de supremacía constitucional, el Art.410.II de la CPE dispone contundentemente que: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. (‘) La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía (‘): 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales (‘)”.

En ese marco, considerando que la soberanía reside en el pueblo y que la Constitución es la única expresión de dicha soberanía, y voluntad del constituyente, debemos precisar que los Instrumentos Internacionales para ser incorporados en nuestro ordenamiento, deben ser previamente ratificados por el Legislativo mediante ley expresa. 

En efecto, el Art.257.I de la CPE dispone que: “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.” Por lo que la ubicación de los tratados en el numeral 2 del Art.410.II es estéril y su contenido, únicamente eficaz con rango de Ley (num.3 Art.410.II), jamás podrá aplicarse de manera “preferente” a la Constitución, como inútilmente pretendieron los masistas con el Pacto de San José para dar paso a la reelección indefinida de Evo Morales. 

En consecuencia, la diferenciación entre jerarquía constitucional (Art.410) y las formas de interpretación general/preferente (Art.196.II) y excepcional e integrativa (Art.256), es clara. Y permite afirmar que el contenido de un Tratado Internacional (que goza de vulgar rango de ley) bajo el supuesto de favorabilidad, en el mejor de los casos, sólo puede ser complementario a la legislación nacional y siempre estará subordinado a la primacía de la Constitución, al ser la fuente primaria de la normatividad boliviana.

Publicado en Página Siete

sábado, 2 de diciembre de 2017

EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN


A un día de llevarse a cabo la votación (3D) de las planchas “cuoteadas” por los dos tercios del oficialismo y sus movimientos sociales en la Asamblea, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dieron a conocer su aciaga sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por un grupúsculo de fanáticos masistas.
En su primera parte resolutiva, la SCP 0084 declara “la aplicación preferente del Art.23 de la Convención Americana sobre derechos humanos, por ser la norma más favorable en relación a los derechos políticos, sobre los Arts.156, 168 (…)” y otros. Al respecto, no es exacto afirmar que en materia de DDHH tratados e instrumentos internacionales están “por encima” de nuestra CPE. Para empezar, esta forma de interpretación es una “excepción” a la regla interpretativa del Art.196.II de la CPE, que ordena “aplicar con preferencia la voluntad del constituyente”, “así como el tenor literal del texto”. La referida excepción es fácil de dimensionar, entendiendo que los tratados en materia de derechos humanos se aplicarán “con preferencia” a los DDHH contenidos en nuestra Constitución (Art.256). Y/o que los derechos y deberes de la CPE se “interpretarán de conformidad” con tratados de DDHH (Art.13.IV). En ambos casos, tal aplicación preferentemente procede únicamente si el criterio de “favorabilidad” ha sido satisfecho, mas no por oportunismo político particularista.
En ese orden de ideas, esta excepción opera, por ejemplo, frente a casos de eventual “contradicción” o “menor protección” del derecho legislado en nuestra CPE, comparado con el mismo derecho, tal y como está instituido en el tratado. En consecuencia, tal aplicación “con preferencia” del Art.256 técnicamente no hace sino “convertir” a los derechos humanos establecidos en los tratados en parte integrante de nuestro ordenamiento.
No posee el efecto de “dejar inaplicable” artículo constitucional alguno, y menos subvierte la primacía constitucional (Art.410.II).
Ahora bien, ya ingresados al fondo, tanto accionantes como magistrados ignoraron que en el caso boliviano la reglamentación del ejercicio de los derechos y oportunidades (políticos) está dispuesta en los artículos 167 y 234 de la CPE respectivamente, mas no en el artículo 168, objeto, entre otros, de su acción. Consiguientemente, considerando que el Pacto de San José, en su Art. 23/II, dispone que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades “por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma” y otros; tenemos que la reglamentación para quienes accedan a la candidatura a la presidencia del Estado boliviano está establecida en el Art.167 de la CPE, que requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público (Art.234 CPE); y específicamente, contar con 30 años de edad cumplidos al día de la elección y haber residido de forma permanente en el país cinco años anteriores a la elección.
Es decir que los criterios que reglamentan el ejercicio de derechos y oportunidades de la CPE boliviana no exceden de ninguna forma los establecidos por el Pacto de San José, como para haber satisfecho la favorabilidad requerida (de un presunto “mejor” derecho respecto a otro) que exige el Art.256 de la CPE, para la aplicación preferente del referido pacto. Asimismo, no está de más señalar que el Art.168 no contiene “un derecho” ni tampoco contempla una “causal de suspensión de derechos políticos” (como las del Art.28 de la CPE); doctrinariamente contiene el periodo de mandato, la facultad para repostular/reelegirse (que no es un derecho, en tanto es optativa) y la forma de “terminación del mandato” presidencial; es decir, situaciones absolutamente distintas.
Por tanto, el Art.256 de la CPE (base de la acción y del fallo) que establece “la aplicación preferente” en este caso es inaplicable, porque la CPE, en sus artículos 26-29, declara derechos políticos incluso más favorables que el Pacto de San José. Y porque, finalmente, ¡ningún derecho político es “absoluto” si al mismo tiempo se pretende garantizar el ejercicio de los derechos de los demás bolivianos!

Publicado en La Razón

martes, 21 de noviembre de 2017

Ley natural (derechos limitados)

Recientemente, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia Constitucional N°0076/2017 respecto a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por el diputado Horacio Poppe y otros, declarando la inconstitucionalidad de la frase: “(…) permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales (…)” contenida en el parágrafo II del Art. 11 de la Ley 807 de Identidad de Género.
Para empezar, debemos señalar que la Ley 807, al ser contraria al Derecho Natural, establecía un ejercicio del derecho a la identidad de género injusto (en la frase suprimida), y jamás tuvo la finalidad de realizar justicia. Ejemplo: si los humanos no tenemos alas (cual aves), por fuerza del orden natural, por más que una ley nos lo “reconociera” (ignorando nuestra realidad biológica), sería imposible materializar el objeto de dicha norma; ergo, sería un derecho injusto.
Ahora bien, la Constitución Política del Estado define las calidades de varón y mujer con fundamento en su realidad biológica. Por ejemplo, en el Art. 45-V, al disponer que “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura (...) gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”, nos permite colegir que define la condición de mujer (y a contrario sensu la de varón) con base en la maternidad (1) y la capacidad de concebir o embarazarse (2), a partir de la unión óvulo femenino con un esperma masculino se entiende; situaciones que un varón “convertido en mujer” no puede lograr materialmente en el presente.
Y en ese entendido, a su vez se codefinen los derechos sexuales y reproductivos de los varones y de las mujeres (Art. 66, CPE), que no admiten “muda” de sexos alguna que pueda tener efecto jurídico alguno reconocible. Ya que el sexo es un atributo de la personalidad jurídica inmodificable, con el que nace un ser humano (Art. 1 Código Civil) y que lo acompañará hasta su muerte o fin de su personalidad (Art. 2-I, Código Civil).
Por otro lado, debemos desmentir la afirmación de que la Sentencia Constitucional 0076 “solo surte efecto desde el día de su emisión y no afecta a los actos anteriores”. Debe quedar claro que esta sentencia elimina la presunción de legalidad de todos los actos (vgr. casamientos, empadronamientos, etc.) que hubieran realizado personas con los “datos cambiados”, anulándolos. Ya que declarada la inconstitucionalidad de la mencionada frase del Art. 11 de la Ley 807, los hechos se retrotrajeron al momento previo a la promulgación de la norma ilícita, para considerarla cual si jamás hubiera “nacido a la vida jurídica”.
Tal efecto de nulidad fue generado con carácter ex tunc (desde siempre), por la verdad jurídica restablecida por la SCP 0076. Misma que, restaurando la regularidad de la norma jurídica (Ley 807) con la norma constitucional y con el Derecho (rectius, Ley natural/justicia), estableció que las personas reguladas por la norma 807 no tienen derecho a todos los derechos fundamentales. Otro caso que evidencia que los derechos no son ilimitados se observa en el Art. 32.2 del Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Finalmente, nuestra Constitución no permite efecto “ultractivo” alguno por el que los actos realizados en virtud a una norma declarada inconstitucional pudieran seguir siendo vigentes. En su Art. 203, la CPE establece que “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio.” Aquí, el efecto de las sentencias es absoluto, con carácter ex tunc, sin excepciones. Por elemental lógica, si los efectos de las sentencias solo tuvieran carácter parcial ex nunc (desde ahora), como ilícitamente contempla la Ley 254 en su Art. 14 in fine, no se estaría respetando el cumplimiento obligatorio de la cosa juzgada constitucional. Por ello, el sistema jurídico establece que la acción de nulidad es imprescriptible. Porque el hecho o el acto (norma) que es nulo, siempre va a ser nulo; no es susceptible de “subsanación”.

Publicación en La Razón

lunes, 11 de septiembre de 2017

TIPNIS, autonomía y aislamiento


En los últimos años, bastante hemos venido advirtiendo en torno a la ilegalidad de la consulta de 2012 en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que no fue previa, sino ilegalmente posterior después de que se asumieran medidas administrativas y legislativas tendientes a afectar a los indígenas que habitan esa área protegida; así como sobre su “blindaje jurídico”, en tanto fue declarado parque nacional y territorio indígena de los pueblos que ancestralmente lo habitan (DS 22610 de 1990); y los nuevos derechos y garantías reconocidos por la Constitución de 2009 en favor de las comunidades indígenas y del medioambiente.  
Semanas atrás, el Presidente del Estado promulgó la Ley 969, que “quitó” la intangibilidad del TIPNIS, abrogando la Ley 180 de 2011 que en su Art. 3 prohibía expresamente que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese ese parque nacional; con el fin de construir esa vía “quieran o no quieran” (Evo dixit); atentando así contra el régimen constitucional de los recursos naturales (delito de traición a la patria) comprendidos dentro del TIPNIS.
El subterfugio del oficialismo para imponer su Ley 969 (“inejecutable”, por cierto, al basarse en resultados de una ilícita consulta posterior) era que su calidad de “intangible” supuestamente impedía la ejecución de proyectos y programas de desarrollo sostenible que beneficien a los indígenas que habitan ese parque nacional. Ignorando así que Evo Morales, en 2012, promulgó el Decreto Supremo 1146 (reglamentario de la Ley 180), que en su Capítulo II Intangibilidad del TIPNIS define claramente los alcances de tal cualidad. Y lo hacía en armonía con “la cultura de los pueblos indígenas que lo habitan”, y la “concepción propia de desarrollo, en el marco del plan de manejo del área protegida y la Constitución Política del Estado.” Es decir, no había obstáculo alguno para diseñar y ejecutar su desarrollo, más que voluntad para hacerlo.
Ahora bien, si tuviéramos que sugerirles a los indígenas en torno a decisiones que los liberen de “las cadenas” centralistas del Gobierno y presiones sectoriales de sus afines, lo primero sería que opten por consolidarse como autonomía indígena. En el marco de esta forma de autogobierno, los indígenas que habitan el TIPNIS podrían “impulsar su desarrollo integral, así como la gestión de su territorio”. Es más, así pondrían “candados” constitucionales para que ciertas materias como “la administración y preservación de áreas protegidas en su jurisdicción” (Art. 304 I.7, CPE) ya no sean legisladas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, como competencia del nivel central (y el capricho político); sino, sean “exclusivas” de su autonomía.
Asimismo, al amparo del Art. 31 de la CPE, también podrían hacer prevalecer su derecho al “aislamiento voluntario”. Esto, previendo el irreversible daño que implicaría atravesar su hábitat y la exposición al saqueo transnacional-petrolero, al avance de la “línea roja” por parte de los flujos migratorios colonos y su particular sistema de vida (anexado a la depredatoria economía de la hoja de coca) que implicaría, entre otras variables exógenas.
Finalmente, para conceptualizar mejor en torno al mencionado derecho al “aislamiento voluntario” (como complemento al autogobierno de los indígenas del TIPNIS), la Sentencia Constitucional 0014/2013-L, en su acápite III.9. Los pueblos indígenas aislados, dispone que: “los pueblos en aislamiento son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos regulares con la población mayoritaria y que además suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su grupo. También pueden ser grupos pertenecientes a diversos pueblos ya contactados que tras una relación intermitente con las sociedades envolventes deciden volver a una situación de aislamiento como estrategia de supervivencia y rompen voluntariamente todas las relaciones que pudieran tener con dichas sociedades. Para estos pueblos el aislamiento no ha sido una opción voluntaria, sino una estrategia de supervivencia”.
(Publicado en  La Razón)