sábado, 20 de febrero de 2016

REELECCIÓN IMPOSIBLE

Por: R. Américo Salgueiro Casso*
(Autor invitado)

Con motivo de la realización del referéndum en el que se considerará la modificación del Art. 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) se ha especulado mucho desde la perspectiva política, olvidando indagar si dicha modificación y su aplicación para la convocatoria a elecciones nacionales del periodo 2020-2025 son jurídicamente posibles.

A efecto de responder correctamente tal interrogante, es menester tomar en cuenta que, para Evo Morales y Álvaro García, el período de gobierno 2015-2020, es el segundo período continuo de gobierno bajo el imperio de la CPE de 2009 (por lo menos eso alegan ellos, aunque sabemos que ya es el tercero). 

También, se debe tener presente que, cuando Morales y García postularon para la gestión de gobierno 2015-2020, aceptaron todas y cada una de las cláusulas constitucionales que, para cuando se llamó a la elección nacional de 2014, regularon dicha convocatoria, siendo la más importante la cláusula constitucional que, “indirectamente”, les prohibió re-postularse (Art. 168 CPE) a los mismos cargos para el siguiente período 2020-2025.

Ahora bien, haciendo un paréntesis, decimos “indirectamente” porque el legislador constitucional no impidió la perpetuación del político irresponsable en el ejercicio del poder prohibiéndole de manera “directa” re-postularse, sino porque lo hizo “indirectamente”, desde la perspectiva del ciudadano que es quien elige y a quien la CPE le “prohibió reelegir” al Presidente y al Vicepresidente salientes de una segunda gestión continua de gobierno (aunque dichos sujetos postularan nuevamente). 

No obstante, si el ciudadano tiene prohibido reelegir, sobra decir que la re-postulación a un tercer período continuo de gobierno es jurídicamente imposible y que, por ende, para el Tribunal Supremo Electoral dicha imposibilidad (Art. 168) debe operar como prohibición de admitir la innecesaria y ociosa re-postulación de quienes culminan su segunda gestión continua de gobierno.
Volviendo al tema que nos ocupa, cuando Morales y García postularon para la gestión 2015-2020 lo hicieron acogiéndose al sistema constitucional tal y como estaba puesto cuando se convocó el 2014, es decir con la prohibición de reelección venidera incluida. Consiguientemente, su segundo período de gobierno nació a la vida jurídica irremediablemente limitado con la prohibición expresa de re-postularse para el venidero período 2020-2025 y, también, con la prohibición expresa para el ciudadano de reelegirlos en caso de que re-postulasen ilegalmente.

En adición, el Art. 123 de la CPE de 2009 establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo. Entonces, aunque se hubiere secuestrado malintencionadamente de nuestro sistema constitucional la norma del parágrafo V del Art. 231 de la CPE de 1967 donde se establecía que “Cuando la enmienda sea relativa al período constitucional del Presidente o Vicepresidente, entrará en vigencia sólo en el siguiente período constitucional” y, contra viento y marea, se pretenda reformar el Art. 168 de la CPE permitiendo la reelección para un tercer periodo continuo de gobierno, es una verdad jurídica irrefutable que tal reforma sólo sería aplicable para la transición de la gestión de gobierno 2020-2025 a la gestión 2025-2030, puesto que, insistimos, Morales y García al asumir su presente segunda gestión continua de gobierno bajo el sistema de la CPE de 2009, ya fueron expresamente prohibidos de re-postularse para el periodo 2020-2025. 

Por tanto, resulta evidente que la reelección de Evo Morales y Álvaro García para un tercer período continuo 2020-2025 es jurídicamente imposible.

* El autor es abogado procesalista y médico-cirujano.

miércoles, 14 de octubre de 2015

“Octubre Negro”, el 1er golpe de Estado en democracia



En la tan cacareada entrevista que le realizaron en Chile al vocero marítimo, Carlos Mesa, le preguntaron "si en Bolivia existe democracia plena". Lo irónico de la pregunta y la respuesta -a 12 años de “Octubre Negro”- es que Mesa, en rigor jurídico y político, fue un Presidente devenido del PRIMER GOLPE DE ESTADO “desde que la democracia fue recuperada” (y que en estos días celebra sus 33 años).

En efecto, la "democracia plena” dejó de existir entre que “golpearon” a Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), asumiera Mesa, sucediera Eduardo Rodríguez V. (evitando ilícitamente bajo coacción que lo hicieran Vaca Diez y Cossio, presidentes de Senadores y Diputados respectivamente, en clara expresión golpista) y se convocara a elecciones el 2005. Por tanto se colige que, todos los actos posteriores al acto viciado de nulidad (es decir las 2 sucesiones, la convocatoria a elecciones y la misma posesión de Evo), ¡son también e irremediablemente actos nulos!

Recordemos que desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de Octubre de 2003 (día en el que GSL presentó su renuncia), Mesa habría incurrido en los delitos de ABANDONO DE CARGO (Art.156, Código Penal) y de “no haber resistido la sedición por todos los medios a su alcance” (Art.123, Código Penal). Ya que durante una conferencia de prensa el 16 de Octubre, desde su domicilio particular, -confesa y cómodamente- anunció que: “Le era imposible pensar en su retorno al Gobierno.” (Sic) Lo que lo INHABILITÓ para suceder a GSL, porque sencillamente DEJÓ DE SER VICEPRESIDENTE al haber abandonado el cargo.

Los actores sociales y políticos que propiciaron la caída y huida de GSL, toleraron la ilegal sucesión de Mesa, porque ya habían conseguido “deshacerse” de lo que consideraban era el símbolo del “neoliberalismo” (GSL). Pero no todo salió como esperaban. Mesa asumió -inconstitucionalmente- la Presidencia del Estado, amnistió a los sedicionistas de Octubre (que usaron como “carne de cañón” a ciudadanos alteños, capitalizando políticamente a sus heridos y a sus muertos), gozó de cierta gobernabilidad hasta que se encontró con el rechazo a su Proyecto de Ley de Hidrocarburos p.ej. Situación, entre otras, que lo llevaron a renunciar en 2 oportunidades. La 1er renuncia preocupó a sus aliados masistas y sus planes, porque los sucesores constitucionales eran el entonces Presidente de la Cámara de Senadores (H. Vaca Diez), o en su defecto, el Presidente de la Cámara de Diputados (M. Cossio).   

En la 2da renuncia, ni siquiera con el Congreso Nacional convocado en Sucre y cercado por sectores movilizados (otra clara expresión golpista), y la muerte de un minero, Carlos Mesa pudo evitar que la misma sea considerada, porque recordemos que quiso retractarse en función a sus cálculos políticos y en colusión con Evo Morales; quien le dijo por teléfono al entonces Presidente del Senado Vaca Diez (habilitado para asumir la Presidencia del Estado): “Sólo nos podemos reunir para tratar su renuncia”. Mesa, por su parte, también le había exigido a Vaca Diez lo que él mismo no pudo, es decir desprenderse de cálculos personales y desistir de la sucesión (que según vimos ni siquiera le tocaba por haber abandonado el cargo).

Finalmente, resulta indiscutible sobre los acontecimientos de “Octubre Negro” que, GSL, no fue electo ni gobernó sólo con su Ministro Sánchez Berzaín. Mesa ocupó la situación jurídica de Vicepresidente hasta que sucedió -inconstitucionalmente- como Presidente. Por tanto, Mesa “no llegó al Gobierno en un país al borde del cataclismo, después de dos meses de violencia sostenida, con un saldo de 67 muertos y casi 400 heridos”. Mesa fue parte de ese mismo Gobierno, y mientras fue Vicepresidente es y será corresponsable con GSL por todo su Gobierno. Y en consecuencia, por respeto a las víctimas, debe ser incluido en el mismo proceso que quien fuera su Presidente (GSL); y en otros procesos, por los ilícitos en los que habría incurrido como se advirtió, ¡y que forman parte del 1er golpe de Estado “desde que la  democracia fue recuperada”!


viernes, 9 de octubre de 2015

LA REFORMA REGIRÁ PARA LO VENIDERO


La reforma parcial del Artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) que permitiría “doble reelección de manera continua” (si el soberano así lo decide por medio del referéndum el 2016), sería eficaz jurídicamente -recién- en el próximo periodo constitucional (2020-2025) y para otros candidatos. Tras que Evo y Álvaro finalicen el periodo de 5 años por el cual se hicieron “re(e)elegir” en 2014, y del cual tomaron posesión del cargo en enero de 2015.

Los reformadores ignoran que, por principio constitucional, la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo” (excepto en los casos que opere in dubio pro reo e in dubio pro operario, respectivamente). Por tanto, en razón a su naturaleza, la aplicación de la reforma parcial (devenida de una ‘Ley de reforma’) de la Constitución que verse sobre el periodo de mandato (más de 5 años p.ej.) o la posibilidad de relección (por más de una vez de manera continua como es el caso que nos ocupa) del Presidente y del Vicepresidente del Estado, será jurídicamente eficaz (aplicable) -recién- el siguiente periodo constitucional. Es decir, aquél que sobrevenga al culminar Evo Morales-Álvaro García el suyo, en 2020.

Al respecto, la Constitución de 1967 (con reformas de 2004), en su Artículo 231, preveía sabiamente que: “V. Cuando la enmienda sea relativa al período constitucional del Presidente de la República, entrará en vigencia sólo en el siguiente período constitucional.” Y si por cálculo y afanes “eternalistas”, los congresistas (que ilícitamente hicieron las veces de legisladores constituyentes en 2008), eliminaron tal previsión del texto de la CPE de 2009; no obstante, el principio que reza la Ley rige para lo venidero (y que comparte el mismo espíritu de previsión del citado y abrogado Art.231) impera en nuestro ordenamiento jurídico (Art.123, CPE de 2009). Y en efecto debe aplicarse frente a las claras ambiciones “eternalistas” de Evo Morales y Álvaro García Linera.

En ese entendido, la reforma parcial no tendría efecto “retroactivo” y no computaría este periodo (iniciado el 22 de enero de 2015) como “la 1era reelección” (hasta el 2020), a efectos de “aplicar la reforma” que permitiría una 2da relección más de manera continua (hasta el 2025).

Evo Morales y su “satélite político” Álvaro García Linera, ya fueron “re(e)electos” el 2014, gracias al servilismo político del Tribunal Constitucional Plurinacional y en aplicación de una absurda “Ley de Interpretación Normativa” de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Morales y García Linera ya agotaron la situación jurídica presupuesto contenida en el Artículo 168 de la CPE de 2009 vigente, que les permitía “ser reelectos por una sola vez de manera continua.”

En adición, por regla general y elemental lógica, los actos jurídicos de las personas (naturales o jurídicas) sólo pueden y deben adecuarse a la norma (constitucional o legal) vigente y eficaz en el momento en el cual dichos actos jurídicos son realizados. En consecuencia, los actos jurídicos denominados “(re)elección, posesión y asunción del cargo”, realizados y como efecto de los cuales Evo Morales y Álvaro García fueron “re(e)electos”, posesionados y asumieron como Presidente y Vicepresidente respectivamente, el 22 de enero de 2015, fueron realizados en sujeción al Artículo 168 de la CPE de 2009 (que permite una sola reelección) -antes de la reforma-. Y ese mismo Artículo 168 que preveía la única reelección a la que accedieron, por el principio de ULTRA-ACTIVIDAD de la norma, seguirá vigente y eficaz para regir todos los actos jurídicos que se realizaron mientras estuvo vigente; es decir aún después de reformada la Constitución, para garantizar la culminación del periodo de 5 años.

Y por ello la codiciosa reforma parcial regirá para lo venidero, siendo aplicable a otro binomio, inclusive del oficialismo, pero no al de Evo-Álvaro.



Publicado en La Razón

martes, 29 de septiembre de 2015

Falsas expectativas en torno al mar




Tras conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la excepción preliminar opuesta por Chile,se han generado falsas expectativas con miras al referendo para la re(e)elección de Evoen febrero de 2016. No es casual que el Gobierno haya apresurado la reforma constitucional,calculando la fecha de dicho fallo y de la crisis hidrocarburífera que se avecina.

Los plurinacionales, en franca campaña electoralista, hicieron y hacen creer que con su “demanda marítima”, la CIJ, “obligará” a Chile a negociar la concesión de un territorio con soberanía para Boliviaque le dé acceso al océano Pacífico. Cuando en realidad, y tal cual lo aclaró la CIJ al momento de desestimar la excepción,el objeto de la demanda versa sobre si Chile tiene la “obligación (o no)”de -tan sólo- sentarse a dialogar, y no sobre un “acceso soberano”. A decir de la CIJ, la “obligación de dialogar” NO ha sido resuelta por el Tratado de 1904.

Pero el asunto es que hace más de 110 años, de una u otra forma, venimos “dialogando” con Chile infructíferamente, y con la demanda pretenden “obligar” a lo mismo. En efecto, el último intento fue el de retomar “la agenda de los 13 puntos”entre Chile y Bolivia, en cuyo ‘punto 6 (tema marítimo),’“se mencionaba la necesidad de mantener el diálogo bilateral desde una perspectiva constructiva. No obstante, en su momento,Chile arguyó queeste tema “estaba fuera del debate, ya que se encuentra radicado en La Haya”.

Es decir que lo que la Administración Plurinacional pretende hoyen la Haya bajo coerción, no fue capaz de obtener “de a buenas”, e irónicamente ahora es un camino cerrado por la misma demanda.

Ahora bien, debe señalarse quepor la lógica imposibilidad de obligar a un Estado a negociar la “cesión territorial” (porque en los hechos nuestros territorios están bajo su “soberanía” y los creen “suyos”), resulta que dicha demanda, por el contrario, le daría a Chile la ruinosa oportunidad para “legitimar” su ilícito dominio sobre nuestro territorio. Porque jamás debimos demandar una vulgar obligación “a sentarse a dialogar”, sin cuestionar el fondo, que es la perniciosa vigencia y eficacia del Tratado de 1904.

¿Qué sucedería si al final se llagara a “obligar” a Chile a sentarse a dialogar? ¿Conseguiremos que se “dialogue” la otorgación deun acceso soberano, siendo vigente y eficaz el Tratado de 1904 que no fue cuestionado en la presente demanda?

¿”Plan B”? En la demanda ante La Haya, Bolivia, insertó una ‘reserva para revisar el Tratado de 1904’ ante otra instancia: la Corte Permanente de Arbitraje (CPA).

El punto 34 de la demanda boliviana reza: “Sin perjuicio de la competencia de esta Corte en el presente caso, Bolivia se reserva el derecho de solicitar que se establezca un tribunal arbitral de conformidad con la obligación del artículo XII del Tratado de Paz y Amistad concluido con Chile el 20 de octubre 1904 y del Protocolo de 16 de abril de 1907 en caso de cualquier reclamo que surja de dicho Tratado.”

Finalmente. En virtud a la Disposición Transitoria Novena de la Constitución que establece:“Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”; y en aplicación de la Ley Nº 401 de Celebración de Tratados Internacionales por el Estado Plurinacional de Bolivia de 2013; el Gobierno plurinacional estaba obligado, bajo apercibimiento de incurrir en incumplimiento de deberes y otros ilícitos, a DENUNCIAR el Tratado de 1904,hasta el año 2013. Por la naturaleza inconstitucional (ilícita) del contenido de sus obligaciones, de la intención y motivo (ilícitos) de la parte chilena, y -sobre todo- de la falta de capacidad absoluta del Estado boliviano para haber “cedido” territorio nacional a un Estado extranjero.

lunes, 21 de septiembre de 2015

BOLIVIA ES Y SEGUIRÁ SIENDO AUTONÓMICA



Tras la apabullante respuesta del soberano boliviano en el referéndum por los Estatutos y Cartas Orgánicas, el Vicepresidente García Linera, cabizbajo, afirmó queel triunfo del no significa que la gente prefiere un gobierno fuerte y centralista.”

Es cierto que el auto-consuelo suele ser una natural reacción humana frente el fracaso. Uno puede suponer que como hasta la fecha el oficialismo no sufrió una derrota tan vergonzosa en las urnas (aunque esta vez no hubieron candidatos), ellos se justificarán como sea, incluso intentando “capitalizar” su derrota.  

Pero, ¿qué les hace creer que con el NO “el pueblo optó por un (fofo) Estado centralista”? Es un exceso hasta para ellos mismos. El auto-consuelo tiene límites. El pasado domingo, NO asistimos a las urnas para definir el “modo de Estado” (Unitario/centralista vs. Compuesto/autonómico), ya que ese dilema quedó zanjado en la Constituyente (2006-2007) y con las posteriores negociaciones de los Congresistas (2008).

Se le recuerda al oficialismo que, desde el 07 de febrero de 2009 (fecha de la publicación de la Constitución Política del Estado en la Gaceta Oficial), en Bolivia, ¡la autonomía es VIGENTE y EFICAZ jurídicamente! Bolivia adoptó y ejerce, por voluntad del soberano (en las urnas de enero de 2009), el modo compuesto -autonómico- de Estado. Y este proceso, se les recuerda también, le costó muerte, exilio, odio y persecución al pueblo.

Y el hecho de que por su supina ignorancia dejaran el término “unitario” en el Artículo 1 de la CPE, no implica que, cual ‘zoombie’, resuciten ese modo de Estado superado. El nuevo modo de Estado yace consagrado -esencialmente- en los Artículos 269 al 305 de la CPE.

La realidad, estimados ‘centralistoides’ es otra. Tras el NO en su fracasado referéndum, los Gobiernos Autónomos Departamentales y los Municipales, ¡NO dejarán de expedir leyes (en el marco de sus competencias) con el mismo rango que las nacionales! La NO-aprobación de los Estatutos o de las Cartas Orgánicas no generará "vacío jurídico” alguno, porque tan sólo se trata de especies jurígenas que “reglamentan” a la Constitución y complementan a la Ley Marco de Autonomías (LMDA), en lo concerniente a la autonomía departamental y municipal, respectivamente. La CPE y la LMDA, entre otras normas conexas, por elemental sistemática jurídica, son y seguirán siendo aplicables -subsidiariamente- durante la "ausencia” del Estatuto o de la Carta Orgánica.

Por otro lado, el ministro de Autonomías Hugo Siles, cree que el referéndum “sólo tuvo que ver con las regiones, y no con el nivel central”. Ignorando que su fracasado proceso de referendo, tuvo que ver, competencialmente (salvo las competencias privativas), con la dinámica autonómica en todos los niveles de Gobierno; en cuanto a delegación y transferencia, ejercicio simultáneo de facultades, entre otras.

Finalmente, si analizamos el fracaso de su referéndum, a nivel central, existen culpables. El ministro de Autonomías, Hugo Siles, mínimamente, debe ser interpelado. Toda vez que el proceso estatutario deberá “reiniciarse”, y ello -hasta- implica el gasto de millones de Bs., otra vez. Su fracaso en la “socialización”, como ministro del área, devino en el resultado negativo para el Gobierno y la sociedad. Habría incumplido deberes.

En los hechos, la aprobación (o no) de un Estatuto o de una Carta Orgánica, es intrascendente, a efectos de la vigencia y eficacia jurídica del régimen autonómico.


Publicado en Página Siete

jueves, 17 de septiembre de 2015

Reforma parcial, camino equivocado



El Gobierno y la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) negociaron para que esta última presente un proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) a la Asamblea Legislativa en estos días.
Para empezar, asesorados por el procurador, confunden el instituto de la iniciativa legislativa ciudadana con el de la iniciativa popular, que requiere la firma de al menos el 20% del electorado para dar inicio a la reforma parcial de la Carta Magna (Art. 411.II, CPE). Creen que la Conalcam posee “legitimidad activa” para “presentárselos” un proyecto de ley de reforma parcial de la CPE camuflado de iniciativa legislativa ciudadana. Para peor, Zenón Bacarreza, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (que es la instancia llamada a declarar la constitucionalidad [o no] del procedimiento de reforma de la CPE), también cree que la reforma parcial constitucional “es atribución de la iniciativa legislativa ciudadana”.
Por un lado, a la fecha no existe una ley de iniciativa legislativa ciudadana que regule los procedimientos y requisitos para ejercer tal emprendimiento. Y si la hubiera, por principio constitucional esta “ley marco” debería restringir expresamente en el texto constitucional que se reformará, en razón de competencia, materias tales como la reforma constitucional, el Presupuesto General del Estado (que por ejemplo es atribución del presidente del Estado, Art. 172.11, CPE), entre otras. Esta restricción, según algunos autores, preservaría ciertas materias de la presión política “que puede servir de fácil cauce para manipulaciones demagógicas o, incluso, para intentar legitimar con un supuesto consenso popular, lo que no es en sustancia sino la antidemocrática imposición de la voluntad de una minoría” (Artemi Rallo Lombarte).
Por otro lado, la CPE, en su Art. 411.II, dispone que: “La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el 20% del electorado”. Asimismo, la iniciativa popular está consagrada en nuestra CPE para convocar al referendo que active la reforma total de la Constitución a través de la Asamblea Constituyente, exigiéndose para ello la firma de, también, al menos el 20% del electorado (Art. 411.I, CPE); o para el caso del referendo revocatorio, que procederá “a solicitud de al menos el 15% de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió al servidor público.” (Art. 240, III, CPE).
Ahora bien, lo que diferencia a la iniciativa popular de la iniciativa legislativa ciudadana es que la primera, por el objeto de su pretensión (en este caso la reforma parcial de la CPE), requerirá la firma de al menos el 20% del electorado. En tanto que la iniciativa legislativa ciudadana, que posee un carácter residual, es un mecanismo a través del cual los ciudadanos podrán presentar proyectos de leyes ordinarias (con la sola firma del proyectista o del grupo de ciudadanos), para otras materias que no estén reservadas, y cuyo ejercicio está supeditado a una ley marco que la regule. Lo que no significa que la iniciativa popular no vaya a presentar una estructura similar a la de cualquier proyecto de ley.

Si bien actualmente se permite la participación del soberano en la reforma constitucional, exigencias como la del mínimo de firmas para la iniciativa popular, en cuanto a su reforma constitucional, categoriza a la CPE de 2009 como “rígida”. Por tanto, el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, deberá rechazar el proyecto de ley de reforma parcial de la CPE, que será presentado ilegalmente por la Conalcam (eludiendo el mínimo de firmas que la iniciativa popular exige), y con el que pretenden disfrazar de “demanda de sector social” la orden del Ejecutivo. 

Publicado en La Razón

lunes, 31 de agosto de 2015


Resulta burdo pensar que una tragedia como la que subyace detrás del caso de Andrea A. busque ser “exitosa” en relación al interés que despierte. El hecho de que nuestra atención sobre la muerte de una persona de género femenino que implica a otra de género masculino responda a una “cuestión del estrato social” de los involucrados (o razonamientos análogos) resulta una simplificación propia de una (s)ociología de “alasita”, en boga en nuestro medio; y que puede llegar a tener cierto eco en un público consumidor de nada más que una simplificada y mediocre “crónica roja”.
Ahora bien, fuera de los vínculos que puedan tener muchas personas con la víctima (además de la familia, claro está), somos conscientes de que por la forma en la que se nos presentaron los hechos (a través de imágenes y testimonios difundidos por los medios de comunicación), es fácil suponer que al imputado “le costará demostrar su inocencia”. Lo cual, bajo ningún concepto, puede implicar que éste no tenga el derecho de hacerlo, e incluso puede enervar la carga probatoria que pesa en su contra.
Es precisamente por esa facilidad de conocer ciertos elementos indiciarios que, como “público 2.0” y guiados por una serie de motivaciones, trasladamos la “resolución del caso” a las redes sociales, parte del denominado “cuarto poder”, cual Criminal Case. Unos, de parte de la víctima, rondando peligrosamente la difamación y la calumnia (artículos 282-283 del Código Penal) con respecto al imputado. Y otros, de parte del imputado, rozando la ofensa a la memoria de la difunta (art. 284 del Código Penal). Siendo aconsejable, en ambos casos, el no alejarse en ningún momento del principio de presunción de inocencia.
Esto dicho con respecto a esa facción de usuarios de las redes sociales que no pertenece a ningún medio de comunicación, pero que forma parte del denominado cuarto poder. Y que por sus cybercaracterísticas, cada vez con mayor facilidad e impunidad, pueden llegar a “matar” (civil-mediáticamente) a una persona, antes de que se expida una condena o una absolución judicial.
Por otro lado, con respecto al tratamiento que se dio a este caso en los medios de comunicación, reitero la preocupación que manifesté en un artículo anterior denominado Medios de comunicación inculpatorios (La Razón, 11.07.2013). Página Siete, esta vez en su editorial Feminicidio y arrepentimiento (22.08.2015), culmina con la siguiente sentencia: “Afortunadamente existe el activismo, que tan mala impresión causa a algunos. Solamente una sociedad activa, política, pensante y movilizada puede transformar y transformarse. Como (William) K. ante su crimen, no podemos arrepentirnos por luchar por el irrenunciable derecho de la mujer a vivir libre de violencia.”
La afirmación que llama mi atención es la que ubica a William K. “ante su crimen”. Adelantándose al veredicto de un juez, y en pleno manifiesto activista (según reconocen), se le endilga la comisión de un “crimen” a quien, a la fecha, se encuentra en la situación jurídica de imputado, asistido por el debido proceso; y en efecto amparado por el art. 116 (Publicidad) del Código de Procedimiento Penal, que impide que lo presenten como “culpable” en tanto no recaiga sobre él una sentencia condenatoria ejecutoriada.
El juicio editorial que le atribuye a William K. “un crimen” frente a la opinión pública no brinda certidumbre de justicia efectiva a la familia de la víctima ni a quienes, como sociedad, la esperamos, y por el contrario lo “victimiza” como imputado. Finalmente debemos recordar que en ambos casos, víctima e imputado, las implicaciones no se quedan a nivel individual, ya que los familiares también quedan marcados.

publicado en La Razón