miércoles, 24 de febrero de 2021

ABERRACIONES TAWANTINSUYESCAS

Los nacionalistas bolivianos vimos con indignación como el accidental gobierno de Luis Arce expidió el Decreto Supremo (DS) 4445 para imponer -inconstitucionalmente- la “Imagen de Gobierno” y un “Manual de Identidad” por sobre nuestros símbolos e identidad nacional. “Casualmente” una entidad castrense en la Capital de la República, Sucre, ya retiró el escudo de armas. 

Para empezar, los autores intelectuales de tal ilícito, ajenos a elementales nociones de la Teoría del Estado (Heller, Schmitt, Jellinek et al.), no saben distinguir Estado de gobierno, y éstos de nación, respectivamente. Doctrinariamente, sólo el Estado como persona jurídica tiene derechos subjetivos, como el derecho a la imagen. Y la nación (otro elemento del Estado), entendida como el conjunto de habitantes que poseen características societales específicas bajo una comunidad de destino, tiene el derecho subjetivo a la identidad para diferenciarse de otras en el orbe. 

En el caso Bolivia, el derecho a la imagen del Estado boliviano está consagrado en el Art. 6 par. II de la Constitución Política del Estado (CPE); y el derecho a la identidad de la nación boliviana está consagrado en los Arts. 3, 5, 141-143, entre otros, de la CPE. Concordante con la Ley del 5 de noviembre de 1851, el DS del 14 de julio de 1888, la Ley del 10 de noviembre de 1961, el DS 27630 del 19 de julio de 2004, el DS 241 del 05 de agosto de 2009, entre otras normas que establecen en detalle las características únicas e históricas y el uso lícito de nuestros símbolos patrios.

En cambio, el gobierno es un conjunto de instituciones, actos y procedimientos que están a cargo de la administración de un Estado. Y son materializados a través de personas naturales (mandatarios) que actúan por mandato legal (revocable) otorgado por el pueblo (mandante/su empleador).

Ergo, los aviesos MASistas no podían haber expedido un ilegal decreto de “Imagen de Gobierno y Manual de identidad” para imponer sus aberraciones con alegorías tawantinsuyescas carentes de fundamento histórico. Pues, como ya lo dejamos sentado, el gobierno (a diferencia del Estado y la Nación) no posee ningún derecho subjetivo. Así como nuestro ordenamiento jurídico tampoco permite que los servidores públicos impriman sus imágenes personales en membretes oficiales, proyectos, obras e instituciones públicas, porque son simples empleados pasajeros, susceptibles de cesación o revocatoria.

Por otro lado, también sospechamos que esa ilícita “imagen de gobierno” habría sido plagiada de trabajos “académicos” pre-existentes. Por ejemplo, la Universidad Mayor de San Andrés registra una tesis de grado del autor Heriberto Wilson Quispe Salgado con el título Diseño arqueológico tiwanacota virtual mediante autómatas celulares (2015). Misma que, en su acápite “Figura 8. Cuadrado mágico de Tiwanaku” (pág. 17), cita un breve antecedente de la supuesta “construcción del cuadrado mágico descubierto por Amaru (1996)”; y que a su vez describe la supuesta “matriz numeral de la cultura tiwanacota” y “todos sus símbolos numéricos antiguos”. 

En adición, según consta en el Boletín de publicaciones de signos distintivos correspondiente a agosto de 2016 del Senapi, la publicación N° 187486 del signo “Willka chakana” (género del signo “marca de servicio”) yace registrada a nombre del titular Elias Quispe Quispe.

¿Acaso el negligente régimen MASista cuenta con el permiso de los mencionados autores/titulares para haber decretado la imposición simbólica de su aberrante e ilícita “imagen de gobierno”? 

Finalmente, según permite concluir El primer nueva corónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, que es la más fiable fuente etnográfica del Tawantinsuyo, ni el tal (“fumanchado”) “cuadrado mágico”, ni la mentada “tetraléctica” (suponiendo que existiera), pertenecen a las etnias precolombinas quechua, aimarae o guaraní. Peor aún, muy distinto de lo que  afirma el DS, se les recuerda que el vocablo “Pachakuti” significó para la etnia quechua cataclismo/desgracia (pág. 1091). 

¡VIVA LA REPÚBLICA, NO PERMITIREMOS SUS IMPOSICIONES!


Publicado en Página Siete

jueves, 20 de agosto de 2020

LA IMPORTANCIA LEGISLATIVA DE LAS ELECCIONES

Por un momento nos abstraigamos de creer que con las elecciones generales solo se llega a silla presidencial del Ejecutivo. Miremos hacia el Legislativo (cuya nueva infraestructura será un horrible "cubo" andinocéntrico por cierto). 

Considero que la candidatura de Áñez, independientemente de las loas por lo valiente de su gestión y de las críticas por ciertos errores que suelen existir en toda Administración (máxime bajo una pandemia sin precedentes), es democráticamente necesaria por una razón de contrapeso de poderes de cara al siguiente mandato. Para que el siguiente Gobierno (que NO será del MAS) NO SE HAGA DE LOS 2/3 en la ALP. Aunque no reeditara ella la Presidencia (en el peor de los casos hipotéticos). 

Me explico. Esto es algo que los opinadores no calculan por padecer "anosmia analítica". Pero los resultados que logre la candidatura de Añez coadyuvarán a impedir que un partido se haga del monopolio legislativo durante las 5 legislaturas que hacen al mandato constitucional. Y esto resultará ser lo más sano después de 14 años de hegemonía de salvajes. Por ejemplo, para evitar que, como ahora, desde la ALP se instaure una suerte de "Gobierno paralelo del boicot" que afecte la gobernanza formal del Ejecutivo. Y tomando en cuenta que los violentos seguirán insistiendo con volver, y evitarlo requerirá fortaleza institucional. 

Añez, con todo lo que significa su gestión a la fecha, tiene -por ella misma- un porcentaje que le significan varios asambleístas para consolidar una Bancada que logre equilibrio entre las fuerzas que lleguen a la ALP. Es decir que, si declinara y fuera sustituida por otro, posiblemente arriesgaría la musculatura de la Bancada que lleve a la ALP. 

Ergo, para fines de contrapeso democrático en la ALP, su candidatura (aunque no llegara a ganar, reitero, a manera de hipótesis), es necesaria para la composición legislativa en primera vuelta.

No va a ser sano para nadie que una sigla vuelva a hacerse del monopolio legislativo de los 2/3; ni ganando ella sería democráticamente sano que gobierne con sus 2/3. Esta futura composición legislativa y los contrapesos que resulten de los pactos necesarios, es nodal. Porque una de las primeras cosas que se intentará será reformar parcialmente la Constitución, seguida de las autorizaciones de juicios de responsabilidades, de las autorizaciones de endeudamiento público, de las designaciones de determinadas autoridades, entre otras atribuciones que requieren del concurso legislativo. 

Adicionalmente, en ese escenario de contrapeso que ciertamente será incómodo para el siguiente Ejecutivo se le devolverá a la ALP su facultad legislativa para que las leyes ya no sean cocinadas en "Palacio Quemado", resumiendo el hemiciclo a una burda extensión del Ejecutivo que sólo "faxea" informes de Gabinete a Secretaría General de la Cámara, como fue durante años. La nueva ALP tendrá el desafío de producir legislativamente y competir con la iniciativa legislativa ciudadana (otro quiebre indispensable que lo explicaré aparte); es decir que tengan que tratar proyectos de Ley presentados por ciudadanos y entidades de la sociedad civil. 

En ese orden de ideas, si nadie se hace del monopolio legislativo, necesariamente se tendrán que lograr pactos democráticos entre las fuerzas, que será lo más sano después de 14 años de monopólico latrocinio para transitar hacia el 2025. Y para ello, reitero, la candidatura de la Presidente constitucional Áñez es necesaria por su expectativa porcentual de entre los primeros tres en competencia (SIN LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL "MAS-IPSP" claro está), a los fines de posicionarse entre la mayoría oficialista y las dos minorías que vayan a ser de oposición. 

De hecho, como se podrá inferir, en esta lógica de contrapesos no sería prudente que alguno de los candidatos se "baje". Que sigan todos (a excepción del MAS que ni derecho a la sigla tiene y que además ya fue vencido en las urnas el pasado 20.10), y se ganen el voto por la salud de la democracia boliviana, cuya mayor expresión republicana es el Parlamento. 


lunes, 10 de agosto de 2020

SUPRIMAMOS LA INFECCIÓN CON DECISIÓN Y DISCIPLINA


A estas alturas, muchos estarán familiarizados con los procedimientos farmacológicos a causa de la pandemia y la reacción, en algunos casos inexplorada, de sus organismos frente a los múltiples tratamientos clínicos a los que se someten. En ese contexto, es bastante conocido que si, tras la evidencia sintomatológica y la prescripción médica oportuna, el paciente no decide seguir con rigor espartano la supresión medicamentosa, p.ej. a una infección bacteriana, esta puede devenir en una “sobreinfección” que complique el cuadro inicial -hasta- con fatales consecuencias.

Por otro lado, la suspensión o indisciplina (en cuanto al horario y a la dosificación) del tratamiento prescrito puede derivar en una “resistencia bacteriana” que vuelva crónico el padecimiento inicial, y también terminar en complicaciones multisistémicas que atrofien nuestro sistema inmunológico y nos hagan vulnerables en los años de sobrevida que tengamos. En este caso suele ser conveniente practicarse un antibiograma y cultivo para poder precisar, cuanto antes, ante cuál fármaco es “sensible” la bacteria y atacarla con radicalidad.

También sucede que, en algunos casos, ya sea por impericia o desesperación, el paciente adquiere sólo analgésicos para mitigar el dolor y no fármacos específicos para erradicar la infección bacteriana. Lo que tampoco conduce a la resolución del problema, pues solo lo procrastina peligrosamente.

Dicho lo cual, trasladado esto al escenario de la política nuestra y en un sentido figurado, resulta que el pueblo boliviano durante 14 años de latrocinio (se) estuvo tratando LA PURULENTA “INFECCIÓN AZUL” con “analgésicos” o “placebos” que sólo disfrazaron el dolor y postergaron la solución definitiva a costa del deterioro de la propia salud democrática, siendo que el patógeno es mortal. Ciertamente en el camino hubieron “ensayos políticos” de los más variopintos, cuales “antibiogramas y cultivos” te permita el laboratorio, que fallaron; hasta noviembre de 2019 en que supimos identificar LA EFICACIA DEL DEBER CÍVICO EN LA CALLE BAJO UNA CONSIGNA CIUDADANA. Empero, cuyo tratamiento “suspendimos” irresponsablemente como “pacientes confiados”.   

Vimos que, desde noviembre de 2019, las bacterias azules se hicieron -en cierta forma- “resistentes” a los fármacos (de las “primeras generaciones”) por irresponsabilidad de los propios “pacientes”, reitero. Y hoy día padecemos las consecuencias genocidas de ello. Empero NO es tarde, todavía TENEMOS MILLONES DE ANTICUERPOS (“en niveles séricos eficientes”) y la relectura de nuestro “antibiograma y cultivo” nos permite, una vez más, someter la purulenta infección azul a la dosis exacta y constante del “fármaco adecuado”.

Ya no es tiempo de “analgésicos” o inútiles “placebos”, EL PUEBLO NO LE PUEDE DAR MÁS OPORTUNIDAD A LA INFECCIÓN AZUL, SE DEBE ACTUAR CON DECISIÓN Y DISCIPLINA.

El pueblo encontrará la forma en democracia, ES UNA CUESTIÓN DE DEBER CÍVICO VITAL Y DE HIGIENE POLÍTICA.

#SonEllosOSomosNosotros 

domingo, 26 de julio de 2020

LA CANCELACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL




Mientras que la población boliviana, el bloque mayoritario de candidatos “pro salud” y los Tribunales Electoral y Constitucional respectivamente se deciden por el sentido común en favor de la salud pública para diferir la fecha de celebración de las elecciones generales -hasta que existan condiciones salubres-, el “MAS-IPSP” agoniza por la cancelación de su personalidad jurídica libando de su propio veneno.  

Para empezar, debemos convenir que la cancelación de la personalidad jurídica de la ORGANIZACIÓN CRIMINAL "MAS-IPSP" ES UNA CUESTIÓN PENDIENTE DE LA JUSTICIA ELECTORAL Y POR MÚLTIPLES CAUSALES (COMO SEDICIÓN Y NARCOTERRORISMO SEPARATISTA) DESDE HACE TIEMPO, que hace a la salud de la democracia boliviana.

Bolivia NO olvida que fueron ellos quienes, sabiéndose derrotados en las urnas el pasado 20.10, perpetraron el mayor fraude electoral probado de la historia boliviana. Hecho que, sumado a la irresistible pandemia que sobrevino, son las razones por las que se arrastran hasta hoy las elecciones generales.   

Bolivia tampoco olvida que desde el abandono del cargo y fuga del criminal -con orden de aprehensión por delitos de lesa humanidad-, Evo Morales, y sus secuaces en noviembre de 2019 a causa de su mega fraude, sus “huérfanos” en Bolivia emprendieron una sistemática arremetida de golpes de Estado contra el Gobierno constitucional de Áñez, intentando volver por la fuerza a secuestrar el poder político.

Fueron ellos quienes instruyeron dejar sin alimentos, sin medicamentos a la población boliviana para que muriera. Fueron ellos quienes quisieron explotar la planta de YPFB en Senkata para aniquilar a toda la población paceña. Fueron ellos quienes intentaron generar fallidamente “milicias armadas” en K’ara K’ara, ejecutando atentados dinamiteros y secuestros de personas. Fueron ellos los que instigaron a algunos sectores a violar la cuarentena para que se contagiaran y usaran la Covid-19 como arma biológica. Todo esto detrás de una sigla, por no superar el haber sido desalojados del poder y por defender su mega fraude electoral.  

Ahora bien, agregado a estos criminales antecedentes, su candidato Luis Arce en un impúdico ataque de “arrechura electoral”, durante una entrevista en un medio televisivo, a nombre del MAS difundió (divulgó/propagó) los resultados de una encuesta interna y comentó alevosamente los porcentajes respecto a otros candidatos que, según él, le daban una “victoria en primera vuelta”; en agravante con los mismos números de su fraude electoral pasado. Es decir, ni siquiera con “disimulo”, ¡los reincidentes!

Hecho público y notorio con el que se satisfizo el presupuesto del par. III del Art. 136 de la Ley 026, cuya sanción inmediatamente desencadena la cancelación de la personalidad jurídica del MAS-IPSP. Cabe apuntar que el precitado Art. 136 no remite a ningún "Reglamento" pues desencadena su sanción directamente, y esto debe aplicarse tal cual por el Principio de Legalidad y Jerarquía Normativa (Art. 4, num.8 Ley 018 del OEP).

Adicionalmente, esta violación a la prohibición electoral se produjo estando en curso el Calendario Electoral desde el 26 de junio, en virtud a la Resolución de Sala Plena N° 0162/2020 que, respetando las etapas precluidas, lo reanudó con la actividad "N° 39", cuya fecha de inicio también es el viernes 26 de junio según tal Calendario. Este estuvo corriendo, tras su reanudación con actividades como la depuración de familiares fallecidos que continúan registrados en el padrón; o el empadronamiento para jóvenes que cumplen 18 años entre el 4 de mayo y el 6 de septiembre que por cierto venció el pasado viernes 17 de junio.

Por tanto, el TSE está compelido a cumplir la Ley 026 cancelando la personalidad jurídica del MAS-IPSP -bajo pena por incurrir en incumplimiento de deberes, prevaricato y otros delitos-, además del Art. 136.III, como dijimos en un principio, por una serie de hechos criminales vinculados a su mega fraude ¡que exigen la imposición de JUSTICIA ELECTORAL contra esa criminal sigla!

martes, 5 de mayo de 2020

NO TIENEN DERECHO A LA SIGLA Y QUIEREN ADELANTAR ELECCIONES




El bloque MASista en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), bajo acoso político efectuado por el prófugo de la justicia, Evo Morales, aprobó y sancionó una delictuosa Ley que pretende adelantar elecciones dentro de los 90 días siguientes al 03 de mayo (que inicialmente estaba previsto como resultado del mastodóntico FRAUDE electoral de 2019, empero que a causa de la pandemia se pospuso).

Atropello frente al cual, en ejercicio de su atribución constitucional, la Presidente de la República, Jeanine Áñez, observó tal Ley azul para que se conservera la propuesta técnica original del Tribunal Supremo Electoral que (fundada, entre otros, en criterios epidemiológicos) recomendaba la celebración de comicios en septiembre de 2020.
Sin embargo, SIN CONVOCATORIA -previamente publicada en medios de prensa nacionales como manda el Reglamento de la Cámara de Diputados que rige a la ALP-, SIN HABER INSTALADO FORMALMENTE LA SESISÓN, “entre gallos y media noche” los azules “rechazaron” las fundamentadas observaciones presidenciales, para que la senadora Eva Copa promulgara esa apócrifa Ley, en sus palabras, del “año 1920” (sic). Viciando de insubsanable nulidad todo su procedimiento legislativo.

Si bien este procedimiento de "veto" contempla que, en caso de que la ALP considere infundadas las observaciones, "la ley será promulgada por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea", cabe preciar que sólo el Vicepresidente del Estado (que fugó dejando VACANTE el cargo) puede ejercer la Presidencia de la ALP. Ergo, la senadora Eva Copa no podía promulgar esa Ley. Porque la sucesión constitucional PRESIDENCIAL fue operada tan sólo para el cargo de Presidente del Estado, mas NO para el cargo de Vicepresidente del Estado/Presidente de la ALP que sigue ACÉFALO, verdad jurídica respaldada en la Declaración Constitucional 0001/2020 del 15 de enero de 2020 que declaró constitucional la "Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas" prorrogando a Copa -sólo- como senadora.

Ahora bien, la nueva fecha para la jornada de votación (postergada por probado FRAUDE electoral MASista y sobre cuyos responsables pesan órdenes de aprehensión), NO puede responder al capricho político de un prófugo de la justicia ni a la coacción de una organización criminal (que viene ejecutando permanente sedición/separatismo ambas causales para la CANCELACIÓN DE SU PERSONALIDAD JURÍDICA según la Ley 1096), sino únicamente debe responder al criterio epidemiológico que sugiere otro plazo, porque la Constitución boliviana de 2009 dispone que la salud pública "SE CONSTITUYE EN UNA FUNCIÓN SUPREMA y PRIMERA RESPONSABILIDAD FINANCIERA." (Art. 37 CPE 2009)

Al respecto, el Gobierno constitucional de Áñez cumple el mandato de la salud como función suprema del Estado, ejecutando acciones inmediatas con base en una abundante producción normativa de decretos y leyes dictados desde el 04 de marzo de 2020 y coleccionados en el COMPENDIO “COVID-19” de la Gaceta Oficial de Bolivia.

Por tanto, ante toda esta producción normativa que desarrolla el mandato constitucional de la salud pública como función suprema estatal, cualquier acción (como fijar elecciones en 90 días en pleno pico epidemiológico) que pretenda subvertir tal imperativo categórico, además de los groseros vicios procedimentales y de fondo advertidos, configura DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA por incurrir en "ACTOS CONTRARIOS A DISPOSICIONES SOBRE HIGIENE Y SANIDAD"; y por "REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO QUE DE UNA U OTRA MANERA AFECTE LA SALUD DE LA POBLACIÓN" (nums. 5 y 9, Art. 216 Cód.Penal)

Finalmente, Bolivia NO OLVIDA que el EvoFRAUDE electoral del 2019 OCASIONÓ UN DAÑO ECONÓMICO AL ESTADO de más de Bs. 217 millones (su presupuesto) sumado a los Bs. 27 millones de las inútiles primarias, y que para las nuevas elecciones de 2020 obliga al gasto de otros Bs. 201 millones, es decir más de Bs. 445 millones QUE HACEN FALTA AL SISTEMA DE SALUD EN RUINAS que nos dejaron 14 años de saqueo MASista y de sobrepreciadas canchas de césped sintético en su lugar.

Publicado en Página Siete



viernes, 3 de enero de 2020

LA AUSENCIA “DEFINITIVA” CESÓ DE PLENO DERECHO A EVO MORALES EN SU MANDATO

Por Américo Salgueiro Casso
Director del “Estudio Jurídico ‘SALGUEIRO’”


I. FUNDAMENTOS

I. 1. De la renuncia de Evo Morales a la Presidencia

El señor Juan Evo Morales Ayma fue Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia (mismo que en adelante será denominado simplemente como “BOLIVIA”), según demuestra la -extinta- Ley N° 651 de 20 de enero de 2015 “De Proclamación de Presidente y Vicepresidente Constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia".
Sin embargo, el 10 de noviembre de 2019 el señor Evo Morales RENUNCIÓ a la Presidencia de BOLIVIA, según prueba su Carta de Renuncia de 10 de noviembre 2019. 

Tan es así, que el propio Evo Morales confesó textual, pública y notoriamente que: está “…liberado de ser presidente,...” (sic), según describe la entrevista titulada “Evo Morales sabe que su presidencia ha terminado” realizada por Elisabeth Malkin y Elda Cantú para el periódico “The New York Times” el 26 de noviembre de 2019 (Malkin & Cantú, 2019); dejando claramente establecida la extinción de cualquier tipo de relación jurídica entre BOLIVIA y Morales, máxime, cuando huyó de BOLIVIA, pidió asilo en México y fue asilado en dicho país.

I. 2. De la AUSENCIA del ex Presidente Evo Morales

El penalista “K” Eugenio Zaffaroni afirmó hoy 2 de enero de 2020 que el mandato de su cliente Evo Morales, supuestamente, “…continúa vigente porque su carta de renuncia presentada el 10 de enero aún no fue considerada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)” (La Razón, 2020). 
Lamentablemente, para verter su desprolija opinión, Zaffaroni omitió considerar que el Artículo (Art.) 170º de la Constitución Política del Estado boliviano de 2009 (CPE) dispone que: “(…) el Presidente del Estado (…) cesará en su mandato (…); POR AUSENCIA (…) DEFINITIVA; (…)” (sic) (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, pág. 67).

Al respecto, el vocablo “AUSENCIA” significa “Acción y efecto de ausentarse o de estar ausente” (Real Academia Española, 2001, pág. 250) y la palabra “ausente” se dice “(…) de una persona: Que está separada (…) de un lugar” (Real Academia Española, 2001, pág. 250). 

Así, el lunes 11 de noviembre de 2019 el Canciller de México Marcelo Ebrard informó textual, pública y notoriamente que: “(…) Evo Morales (…) solicitó  verbal y formalmente asilo político en nuestro país” (sic) (BBC, 2019) y que “La cancillería mexicana ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales…” (sic) (BBC, 2019) (BBC, 2019).

En adición, el asilo TERRITORIAL es “(…) la acogida que un Estado brinda en su propio territorio a una persona por motivos políticos, (…) o de otra clase. (…) CONLLEVA EL DERECHO DE INSTALARSE EN EL PAÍS” (Benadava, 2004, pág. 208).

Ergo, para gozar del asilo que Evo Morales le pidió a México debió, necesariamente, abandonar BOLIVIA e ingresar a territorio mexicano según hizo el 12 de noviembre de 2019 (El País, 2019), e instalarse en él.
Por tanto, la sola ejecución del asilo territorial solicitado por Evo Morales a México, y conferido por éste, implicó necesariamente la AUSENCIA de Morales del territorio boliviano.

I. 3. De la cualidad “DEFINITIVA” de la AUSENCIA del ex Presidente Evo Morales

El Art. 173º de la CPE establece con la fuerza del ORDEN PÚBLICO constitucional que: “(…) el Presidente del Estado podrá ausentarse del territorio boliviano POR MISIÓN OFICIAL, sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, HASTA UN MÁXIMO DE DIEZ DÍAS” (sic) (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, pág. 69).
Según informó textual, pública y notoriamente el Canciller de México Marcelo Ebrard, Evo Morales NO se ausentó de BOLIVIA el 11 de noviembre de 2019 “(…) por misión oficial, (…)” (sic) según le impone como conditio iuris la CPE; contrariamente, se ausentó porque:

i. “(…) solicitó  verbal y formalmente asilo político (…)” en México (BBC, 2019).

ii. “La cancillería mexicana ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales…” (BBC, 2019).

Asilo territorial, insistimos, para cuyo gozo Evo Morales debió instalarse en territorio mexicano, AUSENTÁNDOSE “DEFINITIVAMENTE” de BOLIVIA.

Además, Evo Morales sólo podía haberse ausentado de BOLIVIA por el “(…) PLAZO MÁXIMO DE DIEZ DÍAS” (sic) sin autorización de la ALP, para evitar que su ausencia fuera reputada “definitiva”.
En el caso sub studio, la ALP NO autorizó desde el 11 de noviembre de 2019 hasta hoy 2 de enero de 2020 la AUSENCIA de Evo Morales “por misión oficial” por un plazo mayor de 10 días.

Para peor suerte de Morales, desde el 11 de noviembre hasta hoy 2 de enero de 2020 transcurrieron 52 (CINCUENTA Y DOS) DÍAS de AUSENCIA SIN “MISIÓN OFICIAL” Y SIN AUTORIZACIÓN DE LA ALP.

Por tanto, está categóricamente demostrado que la AUSENCIA de Evo Morales fue “DEFINITIVA” desde el mismo instante en el cual abordó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana -con bandera/territorio extranjeros- la noche del 11 de noviembre de 2019.

I. 4. Del efecto jurídico de la AUSENCIA “DEFINITIVA” del ex Presidente Evo Morales

Según establece la norma contenida en el Art. 170º de la CPE, su AUSENCIA “DEFINITIVA” cesó DE PLENO DERECHO a Evo Morales en su mandato, y abrió también DE PLENO DERECHO la sucesión constitucional de la Presidenta Jeanine Añez (ex parágrafo -par.- I del Art. 169º de la CPE) QUIEN EJERCE LA PRESIDENCIA CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA desde las 18:50 del 12 de noviembre de 2019 (Los Tiempos, 2019).

I. 5. De las infundadas y falaces afirmaciones del penalista “K” Eugenio Zaffaroni

Hoy 2 de enero de 2020 el penalista “K” Eugenio Zaffaroni afirmó también que “Quedan los tribunales y, por ende, lo correcto sería (…) que asuma la presidencia provisional el presidente del Tribunal Supremo y de esa manera convoque a elecciones (…)” (sic) (La Razón, 2020).

Al respecto, es menester ilustrar al desinformado Zaffaroni afirmando que la ABROGADA Constitución Política del Estado boliviano de 1967 disponía en el par. III de su Art. 93° que, acaecida la vacancia de Presidente, Vicepresidente, Presidente del Senado y Presidente de la Cámara de Diputados, asumía la Presidencia de la República el Presidente “…de la Corte Suprema de Justicia” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2019, pág. 707 y s.), Corte Suprema hoy extinta para noticia de Zaffaroni.

En cambio, el par. I del Art. 169° de la Constitución Política del Estado boliviano de 2009 (uno de cuyos redactores y promotores fue Zaffaroni, por cierto) (Urgente.bo, 2017) (Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2010) establece con la fuerza del ORDEN PÚBLICO constitucional que acaecida la ausencia definitiva del Presidente será “…reemplazado en el cargo por (…) el Vicepresidente y, a falta de (…) éste, POR LA PRESIDENTA (…) DEL SENADO [Jeanine Añez, abierta la sucesión] , y a falta de ésta (…) por (…) el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones (…)” (sic) (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, pág. 66 y s.), PERO DE NINGÚN MODO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.

Llama poderosamente la atención que Zaffaroni no conozca los documentos que -supuestamente- realiza y promueve.
Por tanto, la evidencia constitucional indica que las afirmaciones del penalista “K” Eugenio Zaffaroni carecen del más elemental fundamento jurídico y, por ende, SON FALSAS.

II. CONCLUSIONES 

1. Evo Morales RENUNCIÓ a la Presidencia de BOLIVIA.

2. Además, la sola ejecución del asilo territorial solicitado por Evo Morales y conferido por México, implicó necesariamente la AUSENCIA de Evo Morales del territorio boliviano.

3. La AUSENCIA de Evo Morales fue “DEFINITIVA” desde el mismo instante en el cual abordó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, ausentándose de BOLIVIA.

4. Su AUSENCIA “DEFINITIVA” cesó DE PLENO DERECHO a Evo Morales en su mandato, y abrió también DE PLENO DERECHO la sucesión constitucional de la Presidenta Jeanine Añez (ex par. I del Art. 169º de la CPE) quien ejerce la Presidencia constitucional de BOLIVIA desde las 18:50 del 12 de noviembre de 2019.

5. Las afirmaciones del penalista “K” Eugenio Zaffaroni carecen del más elemental asidero fáctico y jurídico constitucional, siendo, por ende, FALSAS.

Trabajos citados:

BBC. (12 de Noviembre de 2019). BBC. Recuperado el 2 de Enero de 2020, de BBC: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50383458

Benadava, S. (2004). Derecho Internacional Público. En S. Benadava, Derecho Internacional Público (Octava ed.). Santiago, Chile: Editorial Lexis Nexis.
El País. (13 de Noviembre de 2019). El País. Recuperado el 2 de Enero de 2020, de El País: https://elpais.com/internacional/2019/11/12/mexico/1573532912_772851.html

Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). Constitución Política del Estado. La Paz, Bolivia: Editorial de la Gaceta Oficial de Bolivia.

Estado Plurinacional de Bolivia. (2019). Constituciones Políticas del Estado 1826-2009. La Paz, Bolivia: Editorial de la Gaceta Oficial de Bolivia.

La Razón. (2 de Enero de 2020). La Razón. Recuperado el 2 de Enero de 2020, de La Razón: https://www.la-razon.com/nacional/bolivia-evo-abogados-presidencia-tse-argentina-abogados_0_3287071271.html

Los Tiempos. (12 de Noviembre de 2019). 

Los Tiempos. Recuperado el 2 de Enero de 2020, de Los Tiempos: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191112/jeanine-anez-asume-presidencia-bolivia
Malkin, E., & Cantú, E. (26 de Noviembre de 2019). The New York Times. Recuperado el 2 de Enero de 2020, de The New York Times: https://www.nytimes.com/es/2019/11/26/espanol/america-latina/evo-morales-mexico.html
Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española (Vigésima segunda ed., Vol. I). Madrid, España: Editorial Espasa Calpe S. A. .

Urgente.bo. (10 de Abril de 2017). Urgente.bo. Recuperado el 2 de Enero de 2020, de Urgente.bo: https://urgente.bo/noticia/conozca-los-juristas-que-apoyar%C3%A1n-en-la-reforma-judicial-de-bolivia

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. (Marzo de 2010). Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Recuperado el 2 de Enero de 2020, de Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia: https://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/ncpe_cepd.pdf


viernes, 20 de diciembre de 2019

LEY DE ADECUACIÓN DE LOS PERÍODOS DE FUNCIONES (MANDATOS) EN CURSO DE LAS ACTUALES AUTORIDADES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 2009


Por Américo Salgueiro Casso
Director del “Estudio Jurídico ‘SALGUEIRO’”
I. FUNDAMENTOS:

I. 1. De la irrelevancia de la Ley N° 651 de 20 de enero de 2015 “De Proclamación de Presidente y Vicepresidente Constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia”, que el EX Presidente Evo Morales (hoy prófugo de la justicia) cita creyendo erróneamente que “le permite seguir siendo Presidente hasta el 22 de enero de 2020”.

a)  La palabra “proclamar” significa “Publicar en alta voz algo para que se haga notorio a todos” (Real Academia Española, 2001, pág. 1838) o, dicho de una persona, denota “Declararse investida de un cargo, autoridad o mérito” (Real Academia Española, 2001, pág. 1838).
b)  Sobre el punto, la Ley N° 651 de 20 de enero de 2015 “De Proclamación de Presidente y Vicepresidente (…)” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2015) tuvo como única finalidad la “publicación de la investidura” del ex Presidente Evo Morales y del ex Vicepresidente Álvaro García y/o la “declaración de su investidura”.
c)   Consecuentemente, proclamados que fueron Morales y García mediante la publicación de la precitada Ley en la Gaceta Oficial de Bolivia el 20 de enero de 2015, lógicamente, se agotó la realización de su finalidad y se extinguió por cumplimiento.
d)  Por tanto, la Ley N° 651 de 20 de enero de 2015 “De Proclamación de Presidente y Vicepresidente Constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia” ESTÁ IRREMEDIABLEMENTE EXTINTA POR CUMPLIMIENTO siendo innecesaria su abrogación.

I. 2. De la necesidad de adecuar los períodos de funciones (mandatos) en curso a la Constitución Política del Estado de 2009
 
a)  El numeral (num.) 2 del parágrafo (par.) II del Artículo (Art.) 26º de la Constitución Política del Estado de 2009 (CPE) (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, pág. 16) establece que los ciudadanos bolivianos eligen al Presidente, Vicepresidente y Asambleístas (Senadores y Diputados) del Estado mediante sufragio “(…) igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente” en elecciones generales nacionales (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, pág. 16); salvo el único caso de convocatoria exclusiva para “(…) elecciones a la Presidencia del Estado (…)” acaecida la revocatoria de mandato (Art. 171º de la CPE) (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, pág. 67), que no es el caso que nos ocupa. 
b)    La CPE dispone que el periodo de funciones (mandato) de la Presidenta y Asambleístas (Senadores y Diputados) es de 5 (cinco) años (Arts. 156º y 168º de la CPE).
Al respecto, el par. I del Art. 1487º del Código civil (Cód. civ.) informa para el sistema jurídico boliviano que “(…) el año o los años se computan desde el día siguiente de su iniciación hasta el día de la fecha igual (…) a la del año o años que respectivamente sean necesarios para completarlos.  Así, el lapso comenzado el día 15 de un mes concluirá el día 15 del mes correspondiente para completarlo, cualquiera sea el número de días del mes o de los meses y del año o de los años” (Estado Plurinacional de Bolivia, 1975, pág. 390).
c)   Según norma de orden público constitucional (inderogable, indisponible e inmodificable por los poderes constituidos -legislativo, ejecutivo, judicial y electoral-), dicho período tiene como término inicial (dies a quo) el 6 de agosto siguiente a la fecha en la que hubieran sido electos Presidente, Vicepresidente y Asambleístas, y tiene como término final (dies ad quem) el 6 de agosto del año que corresponda para completar 5 (cinco) años.
d)  Además, el Órgano Legislativo inicia su gestión parlamentaria el 6 de agosto de cada año, en justa conmemoración del primer aniversario de la célebre Batalla de Junín y la declaración de la independencia de Bolivia acaecida en invocación del “(…) principio de autodeterminación de los pueblos (…)” (Trigo, 1951, pág. 111) erigiendo “(…) el Alto Perú en un ‘Estado Soberano e Independiente de todas las naciones del viejo como del nuevo mundo’” (Trigo, 1951, pág. 111).
e)  En cambio, el 22 de enero instituido por el Artículo Único del Decreto Supremo (D.S.) Nº 405 de 20 de enero de 2010 (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010) es una fecha FALSA de “(re) fundación” del Estado boliviano.
f)      Jurídicamente, siendo que el Estado boliviano fue instituido el 6 de agosto de 1825 (base fundamental de la Constitución, par. I del Art. 411º de la CPE) según conmemora con la fuerza del ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL el Art. 155º de la CPE y que el num. 4 del par. II del Art. 410º de la CPE dispone también con la fuerza del orden público constitucional que el Decreto Supremo es una norma de jerarquía inferior a la CPE, no pudiendo modificarla, fue siempre JURÍDICAMENTE IMPOSIBLE su mutación mediante el Artículo Único del D.S. Nº 405 de 20 de enero de 2010 (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010); consecuentemente, el precitado D.S. Nº 405 de 20 de enero de 2010, falsificador de nuestra historia, ES MATERIAL Y FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL, máxime, por atentar contra la base fundamental/fundacional del Estado boliviano que es su declaración de independencia de 6 de agosto de 1825.
g)  Finalmente, el num. 1 del Art. 108° de la CPE dispone que todos los bolivianos tenemos el DEBER de “(…) cumplir y hacer cumplir la Constitución (…)” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, pág. 42), COMENZANDO POR SUS “BASES FUNDAMENTALES”.

II. CONCLUSIÓN:

1.  Realizadas que fueren las elecciones generales nacionales mediante las cuales el soberano elegirá Presidente, Vicepresidente y Asambleístas del Estado, su periodo de funciones (mandato) de 5 (cinco) años tendrá, necesariamente, por imperio del orden público constitucional, como término inicial el 6 de agosto de 2020 y como término final el 6 de agosto de 2025.
2.     Consecuentemente, también por imperio del orden público constitucional, queda claro que el período de funciones (mandato) de la Presidenta constitucional Jeanine Añez y de los Asambleístas (Senadores y Diputados) fenecerá, RECIÉN, EL 6 DE AGOSTO DE 2020.
3.     Ergo, con la finalidad política/simbólica de llevar adelante eficientemente la pacificación social y transición política que vivimos, es posible sancionar y promulgar una Ley para “adecuar” los periodos de funciones (mandatos) de los Órganos Ejecutivo y Legislativo a la CPE de 2009 A EFECTO DE GARANTIZAR QUE AMBOS TRANSMITAN EL MANDO a los nuevos Presidente, Vicepresidente y Asambleístas (Senadores y Diputados) que serán electos en las elecciones generales nacionales que se realizarán en 2020, bajo la siguiente denominación:

“LEY DE ADECUACIÓN DE LOS PERÍODOS DE FUNCIONES (MANDATOS) EN CURSO DE LAS ACTUALES AUTORIDADES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 2009”
(No se aconseja usar el vocablo “prórroga” o similares)

4.   El INCONSTITUCIONAL D.S. Nº 405 de 20 de enero de 2010 DEBE SER ABROGADO INMEDIATAMENTE ya sea mediante Decreto Supremo (dictado por el Órgano Ejecutivo) o mediante Ley (sancionada por el Órgano Legislativo, por ejemplo, mediante la “Ley de Adecuación de los Períodos de Funciones [mandatos]” propuesta).
5.     La Ley N° 651 de 20 de enero de 2015 “De Proclamación de Presidente y Vicepresidente Constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia”, que inútilmente cita el prófugo Evo Morales, ESTÁ IRREMEDIABLEMENTE EXTINTA POR CUMPLIMIENTO siendo innecesaria su abrogación.
6.     Finalmente, cualquier otra interpretación carece de asidero constitucional.


Trabajos citados

Estado Plurinacional de Bolivia. (1975). Código Civil. La Paz, Bolivia: Editorial de la Gaceta Oficial de Bolivia.
Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). Constitución Política del Estado. La Paz, Bolivia: Editorial de la Gaceta Oficial de Bolivia.
Estado Plurinacional de Bolivia. (2010). Decreto Supremo Nº 405 de 20 de enero de 2010. La Paz, Bolivia: Editorial de la Gaceta Oficial de Bolivia.
Estado Plurinacional de Bolivia. (2015). Ley N° 651 de 20 de enero de 2015 “De Proclamación de Presidente y Vicepresidente Constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia". La Paz, Bolivia.
Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española (Vigésima segunda ed., Vol. I). Madrid, España: Editorial Espasa Calpe S. A. .
Trigo, C. F. (1951). Derecho Constitucional Boliviano. La Paz, Bolivia: Editorial Cruz del Sur.